El Partido Justicialista manifestó su rechazo contundente a la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dictada el viernes 29 de julio de 2026 por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X, la fuerza política, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, calificó la medida como una “arbitraria y antidemocrática decisión”.
El PJ afirmó que “sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”, y advirtió que la resolución representa una “nueva y grave violación a la autonomía y la democracia sindical en nuestro país”, en un contexto marcado por un retroceso en los derechos de los trabajadores.
El comunicado destacó que la intervención judicial no es un hecho fortuito, sino que se inscribe en un proceso de desindustrialización que ha provocado el cierre de 25.000 empresas y una caída salarial significativa. Además, criticó la reciente reforma laboral, que calificó de flexibilizadora, pues limita el derecho de huelga y persigue a las organizaciones sindicales.
El PJ también apuntó que la medida se dictó al día siguiente de que la Corte Internacional de Justicia reafirmara la protección del derecho de huelga bajo el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que contrasta con el avance en Argentina hacia el desmantelamiento de conquistas laborales que costaron décadas de lucha.
Las conquistas laborales, las que están en puja
Finalmente, el partido subrayó que la persecución y proscripción de dirigentes sindicales y políticos no son hechos aislados, sino indicadores de una democracia en peligro, amenazada por un gobierno autoritario y un poder judicial cómplice. Frente a este escenario, ratificó su compromiso con la libertad sindical, la democracia y los derechos laborales.
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, anuló las elecciones sindicales de la UOM en la seccional Campana, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como las elecciones nacionales del 18 de marzo, y ordenó la intervención judicial del gremio.
El fallo indicó que se detectaron graves irregularidades durante los comicios, como la extensión innecesaria de la votación por tres días sin controles adecuados, urnas custodiadas exclusivamente por la Junta Electoral sin la presencia de fiscales de todas las listas, y la ausencia de escrutinios públicos diarios, en contravención con el estatuto sindical y la normativa vigente.
Además, la Lista Naranja, liderada por Ángel Derosso, presentó una impugnación solicitando mayor transparencia y que la elección se realizara en una sola jornada. Sin embargo, estos reclamos fueron rechazados sin notificación formal por la Junta Electoral, alineada con el secretario general nacional Abel Furlán, según concluyeron los jueces.
Ante la denuncia de la oposición, la propuesta de que los apoderados de otras listas pernoctaran en la sede para custodiar las urnas fue calificada por el tribunal como “inaceptable e irrazonable”.
Como consecuencia, todos los funcionarios electos en los comicios anulados, incluyendo a Furlán, cesaron en sus cargos. La nulidad de la elección local afectó también la validez de la elección nacional, dejando a la UOM sin conducción y bajo la administración del interventor Dr. Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de 180 días.
A pesar de la intervención judicial, los dirigentes suspendidos continuaron con el congreso y proclamaron a Furlán, respaldados mayoritariamente por las seccionales. Un allegado al dirigente declaró: “No fuimos notificados de nada”, justificando así la realización del proceso.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a la intervención, señalando que “intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores” y resaltó que la defensa de la democracia sindical es irrenunciable.
En paralelo, el ex dirigente Eduardo Juan Spinosa presentó un descargo ante el juez Luis Armella, negando maniobras de vaciamiento, afirmando que las transacciones cuestionadas fueron reales y aportando documentación adicional.
El Gobierno, por su parte, reforzó los controles sobre los gastos de los funcionarios para mejorar la transparencia, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Entre las medidas, se redujeron los límites para pagos en efectivo y cheque, y se amplió el período para medir el cumplimiento de estas disposiciones.
