La aerolínea Flybondi atraviesa una crisis profunda que afecta su operatividad, finanzas y estructura laboral, y ha llegado a un punto crítico que pone en riesgo su continuidad. Agencias de viajes, desde pequeñas firmas hasta grandes plataformas como Despegar y Almundo, han decidido retirar de forma masiva los pasajes de la compañía de sus sistemas de venta.
Este movimiento responde a una falta crónica de previsibilidad en los vuelos de Flybondi, marcada por constantes reprogramaciones y cancelaciones masivas. Durante el primer semestre de 2026, Flybondi concentró casi el 75% de todas las cancelaciones aéreas registradas en Argentina, un dato que refleja la gravedad del descalabro operativo que atraviesa.
El impacto que esto genera
El impacto negativo no se limita al mercado nacional. En Perú, gremios turísticos como Apaai y Apavit denunciaron que los reiterados incumplimientos de Flybondi están generando costos adicionales para las agencias locales, afectando la actividad turística de la región.
La crisis de Flybondi se agrava por la aparente inacción del Gobierno nacional. A través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Ejecutivo aprobó sin objeciones el plan de acción presentado por COC Global, el grupo controlador de la aerolínea, lo que permitió que la empresa siga comercializando boletos pese a los problemas evidentes.
Frente a esta situación, las agencias optaron por protegerse retirando los pasajes ante la falta de controles y respuestas estatales. Esta decisión contrasta con la postura de países vecinos como Brasil, que prohibió a Flybondi vender boletos hacia destinos clave tras cancelar el 79% de sus vuelos programados con ese país en julio.
Además de las dificultades operativas, Flybondi enfrenta una parálisis severa con tripulaciones suspendidas hasta septiembre, reclamos judiciales por salarios e indemnizaciones impagas, y embargos por deudas impositivas que alcanzan casi los $1.500 millones. Tres juzgados federales ordenaron el embargo de sus cuentas bancarias debido a deudas acumuladas con el fisco por más de $1.250 millones.
Recientemente, la página web oficial de Flybondi dejó de funcionar, mientras que Despegar y Almundo modificaron sus inventarios para evitar inconvenientes, justificando la baja de vuelos con supuestos mantenimientos en la integración online. Este cuadro evidencia que el modelo de "cielos abiertos" promovido por el oficialismo no ha generado competencia saludable, sino un vacío de protección para los consumidores y un daño a la conectividad turística del país.
La crisis de Flybondi pone en evidencia la urgente necesidad de mayor control estatal para evitar que la falta de regulación derive en perjuicios para usuarios, agencias y destinos turísticos nacionales.
