La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y propone una profunda transformación en el funcionamiento de la entidad y en su relación con el Estado. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, deberá ser tratada ahora por el Senado.
Las seis claves sobre de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
El proyecto se estructura sobre seis ejes principales: el mandato del Banco Central, la remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y distintas modificaciones operativas vinculadas con las reservas.
Uno de los cambios centrales es la prohibición de utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del Estado. El proyecto deroga el artículo de la Carta Orgánica que permite los adelantos transitorios al Tesoro, una herramienta mediante la cual el organismo puede transferir recursos al Gobierno para cubrir necesidades fiscales.
La reforma también establece que el BCRA no podrá otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires ni los municipios. A esto se suma la prohibición de comprar títulos públicos emitidos por el Estado nacional directamente en el mercado primario y la eliminación de la posibilidad de adelantar fondos para atender servicios de deuda pública.
Según los fundamentos de la iniciativa, el esquema vigente desde la reforma de 2012 amplió considerablemente los límites para los adelantos transitorios. El Gobierno sostiene que, bajo esas reglas, la actual administración podría haber recibido hasta $36,6 billones mediante ese mecanismo.
Otro punto incluido en este bloque es la eliminación del concepto de reservas de libre disponibilidad, utilizado desde la década de 1990. El proyecto plantea que ese mecanismo permitió que distintos gobiernos accedieran a reservas internacionales del Banco Central y señala que quedaron letras intransferibles en el activo de la entidad.
El segundo gran eje es el saneamiento del balance del BCRA. La iniciativa establece un régimen transitorio destinado a cancelar las letras intransferibles y los adelantos transitorios que el Estado mantiene con el organismo.
Hasta que esas obligaciones sean canceladas, una parte de los resultados del ejercicio podrá ponerse a disposición del Gobierno, pero exclusivamente para reducir esas deudas. Además, los vencimientos de los adelantos transitorios quedarían prorrogados hasta su cancelación total.
El tercer cambio relevante está relacionado con las utilidades del Banco Central. El proyecto establece que solamente podrán transferirse al Estado las ganancias que sean efectivamente realizadas y líquidas.
De esta manera, quedan excluidos los resultados generados exclusivamente por variaciones del tipo de cambio o del valor del oro. Esos montos pasarán a integrar una cuenta de capital del Banco, mientras que otros resultados no realizados deberán permanecer en una reserva especial hasta que se concreten.
La iniciativa incorpora además una condición para habilitar cualquier transferencia: las reservas generales y las demás reservas de resultados deberán alcanzar como mínimo el 50% del capital del Banco. Cuando pueda realizarse una transferencia, el dinero deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de deuda pública.
Otro de los puntos centrales modifica el mecanismo para remover al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA. El proyecto establece causales específicas, entre ellas una falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
La remoción requerirá un decreto del Poder Ejecutivo, pero previamente deberá contar con la aprobación de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso. De esta manera, se busca otorgar mayores garantías de independencia a las autoridades de la entidad.
El proyecto también elimina la participación de una comisión bicameral en ese procedimiento y suprime la posibilidad de que el Poder Ejecutivo remueva directamente a un integrante del directorio sin acreditar una falta grave.
A la vez, se elimina la participación de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central y se modifica la obligación de que el organismo emita opinión previa sobre el impacto de determinadas operaciones de crédito público externo.
El quinto eje plantea una modificación sustancial en la misión de la entidad. La reforma establece que el único objetivo primario y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda.
La modificación implica dejar atrás el esquema establecido en 2012, que también contempla entre los objetivos del organismo la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Para el Gobierno, la multiplicidad de objetivos dificulta establecer responsabilidades concretas sobre la política monetaria. En esa línea, el proyecto también elimina facultades para orientar el crédito hacia determinados sectores, como las pequeñas y medianas empresas o las economías regionales.
El último eje concentra modificaciones sobre el funcionamiento operativo y el manejo de las reservas. El proyecto habilita al Banco Central a operar con títulos públicos, divisas y otros activos financieros para cumplir funciones de regulación monetaria, cambiaria y financiera, bajo condiciones de mercado.
También establece la inembargabilidad de los activos que integran las reservas y especifica qué instrumentos externos pueden utilizarse para su inversión, entre ellos oro y activos financieros líquidos.
La iniciativa permite además utilizar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central y modifica determinadas restricciones que todavía permanecen de la legislación vinculada con el régimen de convertibilidad.
Por último, concentra en el Banco Central la función regulatoria sobre los sistemas de pago y las cámaras liquidadoras y compensadoras, al tiempo que elimina distintas disposiciones que permanecen vigentes desde la década de 1990.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el Gobierno consiguió avanzar con una de sus principales reformas económicas. El proyecto ahora deberá atravesar el Senado, donde La Libertad Avanza volverá a necesitar acuerdos con bloques aliados para convertir los cambios en ley.
