El gobierno nacional endureció su postura frente al conflicto en Medio Oriente y condenó a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz, al considerar que se trata de una acción ilegal que pone en riesgo el comercio internacional y la estabilidad global. La posición argentina fue expuesta ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que bloquear una vía marítima estratégica como esa representa una grave violación del derecho internacional. “Alterar el normal funcionamiento de una vía estratégica como el estrecho de Ormuz constituye una conducta ilegal que no puede ser relativizada”, afirmó durante el Debate Abierto sobre Seguridad Marítima.
Quirno advirtió que la interrupción del tránsito en esa zona no solo afecta una ruta comercial clave, sino que compromete un principio central del orden internacional: la libertad de navegación. “La libertad de navegación es una condición básica para la paz, la estabilidad y la prosperidad entre las naciones”, remarcó. En ese marco, el funcionario expresó un fuerte respaldo a Estados Unidos e Israel por enfrentar esa amenaza y reafirmó el alineamiento del Gobierno argentino con sus aliados internacionales.
Además, recordó que Argentina mantiene una postura firme frente al terrorismo y señaló que fueron declaradas como organizaciones terroristas la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds, Hezbollah y Hamas.
También mencionó que recientemente se dispuso la expulsión del encargado de negocios iraní en el país. “Frente al terror, la Argentina no es tibia, responde con determinación”, sostuvo Quirno, quien insistió en que la política exterior del país se guía por convicciones y no por coyunturas.
El canciller también recordó que Argentina fue copatrocinadora de una resolución del Consejo que condenó ataques atribuidos a Irán contra varios países de la región, como Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán y Qatar. Según explicó, el estrecho de Ormuz concentra una parte decisiva del comercio global, especialmente en energía, alimentos, materias primas e insumos industriales, por lo que cualquier bloqueo genera impacto directo sobre precios, logística y seguridad alimentaria. “El bloqueo del tránsito marítimo constituye una grave violación del derecho internacional”, insistió.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que este tipo de acciones trascienden lo económico y afectan la seguridad internacional, por lo que reclamó una respuesta firme del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
