Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno por los cambios sobre discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que ni ella ni Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, habían sido informados antes de que la iniciativa llegara al Congreso. La senadora de La Libertad Avanza cuestionó la falta de coordinación política y afirmó que se trata de un tema de “mucha sensibilidad”.
“No puede ser que nosotros, que tenemos que trabajar para construir una mayoría acá, no sepamos un tema de tanta sensibilidad”, sostuvo Bullrich al salir del Senado. La legisladora también señaló que las modificaciones debieron ser discutidas previamente en la mesa política del Gobierno, el ámbito que reúne a dirigentes del oficialismo para definir la estrategia parlamentaria y política.
Bullrich remarcó además que el Presupuesto tuvo tres meses de preparación, por lo que cuestionó que los cambios pudieran conocerse recién al momento de su presentación. Según planteó, en la Cámara de Diputados se estaba trabajando paralelamente en una alternativa consensuada sobre la emergencia en discapacidad, por lo que la aparición de una propuesta diferente en el proyecto del Ejecutivo generó un nuevo escenario para la negociación.
El Gobierno, por su parte, reconoció que hubo un problema de coordinación, aunque rechazó las críticas públicas de Bullrich. Fuentes de la Casa Rosada citadas por TN señalaron que el Ejecutivo considera que las diferencias deberían resolverse dentro de los ámbitos internos y no mediante declaraciones públicas.
Los cambios incorporados al Presupuesto 2027 modifican aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025. Entre otras cuestiones, eliminan el artículo que establecía una actualización obligatoria y mensual de los valores del nomenclador de prestaciones según la inflación y plantean un nuevo esquema en el que cada obra social o prepaga podría determinar sus propios aranceles.
La iniciativa también propone modificar el criterio utilizado para determinar la discapacidad, reemplazando el enfoque basado en el modelo social y de derechos humanos por uno vinculado con la “invalidez laboral”. Además, plantea cambios en el acceso a las pensiones por discapacidad y establece una incompatibilidad entre la percepción de una pensión y el trabajo registrado.
El contenido del proyecto generó cuestionamientos también entre sectores aliados del Gobierno. Diputados del PRO, la UCR e Innovación Federal plantearon objeciones a los cambios y señalaron que la propuesta del Ejecutivo modificaba sustancialmente la discusión que se venía dando en el Congreso. Desde el PRO, además, marcaron como puntos centrales la actualización del nomenclador y el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que según ese espacio supera los $340.000 millones.
El episodio volvió a poner bajo discusión el funcionamiento de la mesa política de la Casa Rosada, integrada, entre otros, por Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo. Bullrich confirmó que los cambios sobre discapacidad no fueron tratados en la reunión de ese espacio realizada antes del envío del Presupuesto al Congreso.
Mientras tanto, el tratamiento legislativo continúa. El plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados no alcanzó a emitir dictamen y fijó una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre. El objetivo será avanzar en una propuesta antes de que la Ley de Emergencia en Discapacidad pierda vigencia a fin de año.
Así, la discusión sobre discapacidad quedó atravesada por dos negociaciones simultáneas: el debate sobre el contenido de las modificaciones y la búsqueda de acuerdos parlamentarios para definir qué texto finalmente avanzará en el Congreso. En paralelo, las diferencias expuestas por Bullrich sumaron un nuevo capítulo a las discusiones internas del oficialismo sobre cómo coordinar la agenda legislativa.
