El Gobierno nacional prepara cambios en el procedimiento de protección marítima incluido en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de reducir los pasos necesarios para interceptar embarcaciones que incumplan órdenes de las autoridades argentinas y, en determinadas circunstancias, avanzar hacia el uso de la fuerza. La reforma también podría alcanzar a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
La modificación no parte de cero. La Argentina ya cuenta con herramientas para perseguir, inspeccionar y apresar embarcaciones extranjeras que pesquen ilegalmente dentro de la ZEE y, bajo determinadas condiciones, continuar una persecución iniciada en esas aguas aunque el buque llegue a alta mar. Lo que busca revisar ahora el Ejecutivo es la secuencia de decisiones que debe cumplirse antes de adoptar medidas coercitivas.
Desde 2018 existe además un protocolo específico para los pesqueros extranjeros que incumplen la Ley Federal de Pesca. El procedimiento contempla comunicaciones radiales, señales visuales, intimaciones de detención, abordaje y persecución. Si la embarcación mantiene una conducta de resistencia, el esquema vigente permite escalar el empleo de armas bajo determinadas condiciones.
El protocolo diferencia entre disparos de advertencia, que no deben impactar contra el buque, y disparos de invalidación, destinados a generar un daño limitado que permita detenerlo. Para estos últimos se requiere autorización de la Dirección de Operaciones y deben adoptarse medidas para evitar afectar a las personas que se encuentran a bordo. El empleo de la fuerza está sujeto, además, a criterios de legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad.
Por eso, uno de los principales cambios que analiza el Gobierno no sería habilitar por primera vez el uso de armas contra pesqueros, sino modificar el procedimiento existente y eventualmente ampliar los supuestos en los que puede aplicarse. El nuevo esquema se estudia en paralelo con la revisión de los mecanismos de protección aeroespacial que también impulsa la Casa Rosada.
Existe un antecedente que forma parte de la discusión. En marzo de 2016, el guardacostas Prefecto Derbes persiguió y hundió al pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010, detectado mientras pescaba ilegalmente dentro de la ZEE, cerca de Puerto Madryn. La embarcación no había acatado las órdenes de detención y sus tripulantes fueron posteriormente rescatados. El episodio ocurrió antes del protocolo vigente.
Otro de los puntos que el Ejecutivo analiza es la coordinación entre Prefectura, la Armada y el Comando Conjunto Marítimo. La discusión apunta a determinar en qué situaciones una intervención permanece dentro de las funciones policiales de Prefectura y cuándo puede involucrar estructuras de Defensa. La cadena de mando definitiva todavía no fue difundida.
La Prefectura Naval mantendría un papel central porque es la autoridad marítima y tiene funciones de seguridad de la navegación, policía judicial y control de los espacios acuáticos. La Armada participa en tareas de vigilancia y el Comando Conjunto Marítimo desarrolla operaciones permanentes de control y seguimiento del Atlántico Sur.
El Gobierno también analiza endurecer el tratamiento jurídico de la pesca ilegal. Una de las alternativas bajo estudio es que determinados casos dejen de encuadrarse exclusivamente como infracciones administrativas y puedan convertirse en delitos penales. Sin embargo, esa posibilidad todavía se encuentra en análisis y no forma parte de un texto definitivo.
La reforma se desarrolla mientras el Ejecutivo proyecta reforzar los recursos destinados al control marítimo. El Presupuesto 2027 contempla operaciones de crédito de hasta US$1.200 millones para dos fragatas multimisión y US$2.300 millones para tres submarinos convencionales. Para Prefectura, además, se prevé un presupuesto de $1,038 billones destinado, entre otros objetivos, a modernizar medios navales, aéreos y tecnológicos y fortalecer el Sistema Guardacostas y los centros de control del tráfico marítimo.
Los cambios sobre la protección marítima avanzan en paralelo con otra discusión vinculada al sector: la desregulación del transporte y la actividad portuaria. Ese paquete contempla modificaciones sobre cabotaje, practicaje y navegación comercial, en un contexto en el que el Gobierno ya enfrentó resistencia de gremios y otros actores del sector a algunas de sus medidas regulatorias.
