El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles los cambios que el Gobierno impulsará en la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de incentivar el ingreso al sistema financiero de los dólares que permanecen fuera del circuito formal. Durante una conferencia de prensa, aseguró que en la Argentina hay US$170.000 millones "debajo del colchón" y sostuvo que el proyecto será enviado al Congreso en los próximos días.
Acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y un grupo de tributaristas que participaron en la elaboración de la iniciativa, el titular del Palacio de Hacienda explicó que las modificaciones surgieron luego de reuniones con especialistas que habían planteado dudas sobre el régimen aprobado a fines de 2025.
"El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo", afirmó Caputo. Además, remarcó que el Banco Central estima que los dólares guardados fuera del sistema representan más de cuatro veces el total de los depósitos en moneda extranjera que hoy tienen los bancos.
El funcionario sostuvo que incorporar esos fondos al circuito financiero permitiría ampliar el crédito, impulsar inversiones y continuar reduciendo impuestos sin aumentar la presión tributaria. "A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón", señaló.
Entre los principales cambios, el proyecto elimina los topes de ingresos y patrimonio que hasta ahora limitaban el acceso al régimen. Con la nueva propuesta, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas con residencia fiscal en la Argentina, aunque los grandes contribuyentes seguirán sin acceder a algunos beneficios específicos.
La iniciativa también modifica las condiciones para que ARCA pueda cuestionar declaraciones anteriores. Se mantendrá el criterio de "discrepancia significativa" cuando la diferencia supere el 15%, aunque se incorporará una excepción: si el monto observado no excede los $5 millones, no se perderán los beneficios del régimen, incluso si supera ese porcentaje.
Otro de los cambios apunta a invertir la carga probatoria. Si el organismo detecta diferencias y el contribuyente corrige la declaración y paga el ajuste dentro de los 15 días posteriores a la notificación, conservará los beneficios previstos por la ley.
Además, el proyecto incorpora un mecanismo de reintegro acelerado. Si posteriormente la impugnación de ARCA queda sin efecto, el organismo deberá devolver los importes abonados junto con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles desde que la resolución quede firme.
