La polémica por la criptomoneda Libra volvió a escalar en el Congreso. Diputados que integraron la comisión investigadora del caso pidieron que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei den explicaciones sobre su presunto rol en la difusión del activo digital que generó millonarias pérdidas entre inversores.
El planteo fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión que investigó el tema el año pasado. Allí aseguró que la promoción del token Libra en febrero de 2025 habría sido una acción planificada y no un hecho aislado.
Según sostuvo Ferraro, las pruebas recolectadas por la comisión y distintos peritajes informáticos apuntan a que el mandatario tuvo un rol determinante en la difusión del proyecto. En ese sentido, los legisladores pidieron que el vocero presidencial Manuel Adorni acuda al Congreso para brindar explicaciones en representación del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia.
Durante la conferencia también se anunció una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación judicial del caso. Los diputados lo acusaron de presunto “entorpecimiento” y posible “encubrimiento” de los hechos vinculados al lanzamiento de la criptomoneda.
Además, el Congreso presentará un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para conocer detalles de las comunicaciones que habrían mantenido funcionarios del entorno presidencial con el lobista del sector cripto Mauricio Novelli.
De acuerdo con Ferraro, las consultas buscarán aclarar el contenido de contactos telefónicos que habrían mantenido el propio Presidente, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo y el funcionario Demian Reidel con Novelli en momentos cercanos al lanzamiento del activo digital.
En los últimos días trascendieron supuestas conversaciones entre integrantes del entorno presidencial y el promotor del proyecto, lo que volvió a poner el foco en la difusión del token. Según estimaciones citadas por los legisladores, el colapso del activo habría provocado pérdidas de al menos 100 millones de dólares a inversores.
Por su parte, el exdiputado Oscar Agost Carreño, quien también participó de la investigación, sostuvo que el Presidente habría tenido acceso a información técnica del proyecto que no estaba disponible públicamente. Según explicó, el contrato del token no figuraba en redes ni en buscadores, lo que —a su entender— indicaría un conocimiento previo del esquema que luego se promocionó.
En la misma línea se expresó el diputado Pablo Juliano, impulsor de la comisión investigadora, quien afirmó que el caso no fue una simple polémica en redes sino una acción vinculada directamente al jefe de Estado.
El informe final elaborado por la comisión sostuvo que la difusión presidencial del token Libra se enmarcaría en un patrón observado en otros proyectos cripto polémicos, como $KIP, CoinX y Vulcano, donde también aparecen mencionados los mismos actores del ecosistema financiero vinculado al proyecto.
El documento también mencionó transferencias de dinero entre algunos de los involucrados, incluyendo movimientos por 300.000 dólares en noviembre de 2024 y otros 250.000 en enero de 2025, que para los legisladores podrían responder a un acuerdo destinado a capitalizar la exposición pública del Presidente.
Mientras tanto, desde el oficialismo salieron a rechazar las acusaciones. En la bancada de La Libertad Avanza aseguraron que no responderán a “versiones periodísticas” y sostuvieron que parte del expediente judicial estaría afectado por posibles nulidades, por lo que consideran que debe ser la Justicia la que continúe con la investigación.
En paralelo, los diputados que participaron del proceso anunciaron que se conformará una comisión parlamentaria ad hoc para seguir de cerca el avance de la causa judicial, en un caso que vuelve a generar tensión política y mantiene abierto el debate sobre el vínculo entre la promoción de proyectos financieros y el rol de funcionarios públicos.
