El procesamiento de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino quedó sustentado en un punto clave: el control directo que tenían sobre las finanzas y las obligaciones impositivas de la entidad. Con ese argumento central, el juez Diego Amarante avanzó contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa por presunta evasión.
El magistrado los procesó por retención indebida de impuestos y aportes previsionales y, además, ordenó embargos por $350 millones sobre los bienes de cada uno.
En el caso de Tapia, el fallo pone el foco en su rol como presidente. Para el juez, no solo ocupaba el máximo cargo institucional, sino que tenía intervención directa en la administración diaria, la firma de balances y el manejo de cuentas bancarias.
Un elemento clave es que su firma figura en las memorias y balances presentados desde 2017 ante la Inspección General de Justicia, lo que, según la resolución, confirma su participación en la gestión económica.
A eso se suma otro dato determinante: de acuerdo a registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Tapia aparece en al menos 18 oportunidades como cotitular o vinculado a cuentas bancarias de la AFA.
El expediente también incorpora una declaración interna que refuerza ese punto: el propio Tapia era quien administraba la clave fiscal de la institución, lo que implica conocimiento directo sobre las obligaciones tributarias.
Con ese conjunto de pruebas, el juez concluyó que el dirigente sabía que la AFA actuaba como agente de retención, que se realizaban descuentos por impuestos y aportes, y que esos fondos debían ser depositados al Estado. Sin embargo, sostiene que esas obligaciones no se cumplieron en tiempo y forma.
En cuanto a Toviggino, el fallo lo ubica como responsable del área económico-financiera en su rol de tesorero. Desde esa posición, tenía a su cargo la supervisión de las decisiones económicas, la elaboración de balances y el control de los movimientos de dinero.
La resolución destaca que su firma aparece en los balances más recientes, correspondientes a 2023 y 2024, y que también figura en reiteradas oportunidades vinculado a cuentas bancarias de la AFA.
Además, fue señalado como apoderado y autorizado para operar ante entidades financieras, lo que, para el juez, refuerza su nivel de responsabilidad dentro del esquema administrativo.
Con estos elementos, la Justicia avanzó sobre ambos dirigentes al considerar que tenían conocimiento y capacidad de decisión sobre el circuito financiero, eje central de la causa que investiga una posible maniobra de evasión a través de fondos retenidos que no habrían sido ingresados al fisco.
La investigación continúa y deberá determinar el grado de responsabilidad penal, en un expediente que golpea directamente a la conducción del fútbol argentino.
