La Confederación General del Trabajo (CGT) inició una nueva etapa de discusión interna para definir su estrategia frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Luego de presentar sus cuestionamientos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la central obrera comenzó una ronda de reuniones para evaluar posibles medidas de fuerza y redefinir el rumbo de la confrontación con la administración de Javier Milei.
Entre las alternativas que ganan terreno aparece la posibilidad de impulsar una semana de protestas escalonadas, con paros sectoriales alternados entre distintos gremios. La propuesta busca sostener la presión sobre el Ejecutivo sin recurrir, al menos por ahora, a una huelga general.
La conducción cegetista pondrá en marcha desde este miércoles una serie de encuentros con organizaciones sindicales vinculadas a la industria, el transporte, los puertos, la alimentación y los medios de comunicación. El objetivo será analizar el impacto de la reglamentación de la reforma laboral y estudiar las herramientas disponibles para responder a las nuevas disposiciones.
La discusión llegará la próxima semana al Consejo Directivo de la central obrera, donde se evaluarán los distintos escenarios y se definirán los pasos a seguir. En la conducción consideran que el debate sigue abierto y que todavía no hay una decisión tomada sobre la modalidad de protesta.
Dentro de la CGT también tendrá peso la evaluación del reciente paso por la OIT. Desde la central sostienen que la presentación realizada en Suiza permitió visibilizar sus cuestionamientos sobre la legislación laboral argentina y entienden que ahora deben trasladar esa discusión al plano local.
La posibilidad de una semana de conflictos escalonados surge como una alternativa al paro general, una medida que algunos sectores consideran prematura en el contexto actual. La idea es replicar experiencias similares implementadas en otros países, donde diferentes actividades paralizaron tareas en distintos momentos para mantener la presión durante varios días consecutivos.
Sin embargo, la estrategia enfrenta dificultades. Al tratarse de conflictos sectoriales, el Gobierno podría recurrir a la conciliación obligatoria para suspender temporalmente las medidas. Además, la reglamentación de la reforma laboral amplió el listado de actividades esenciales o de importancia trascendental, lo que obliga a numerosos sindicatos a garantizar prestaciones mínimas incluso durante una protesta.
Las diferencias internas también volvieron a quedar expuestas. Los sectores más duros de la CGT reclaman avanzar hacia un paro general de 36 horas, postura impulsada por gremios como la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos. No obstante, la conducción entiende que una medida de esa magnitud podría tener un impacto limitado en las actuales condiciones políticas y económicas.
Mientras tanto, la disputa judicial continuará. Desde la central adelantaron que los próximos planteos ante la Justicia no serán presentados institucionalmente por la CGT, sino que cada sindicato avanzará por separado con sus propias acciones legales contra aspectos específicos de la reforma.
En paralelo, este martes habrá una señal pública de los sectores más combativos. Pablo Moyano encabezará una conferencia de prensa junto a dirigentes de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) para cuestionar la reglamentación laboral, denunciar el deterioro de las condiciones de trabajo y rechazar las sanciones aplicadas al sindicato ferroviario. La actividad se desarrollará en el marco de un encuentro internacional que reúne a representantes ferroviarios de distintos países y servirá para profundizar las críticas sindicales a las políticas laborales impulsadas por el Gobierno.
