El Gobierno nacional analiza avanzar en las próximas horas con un decreto que modificaría los criterios utilizados para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, una iniciativa que podría generar un nuevo debate político e institucional en torno al máximo tribunal del país.
La propuesta apunta a reformar el Decreto 222/2003, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, una norma que estableció una serie de pautas de autolimitación presidencial para la elección de los integrantes de la Corte y que desde hace más de dos décadas funciona como referencia para el proceso de selección.
Entre otros aspectos, ese decreto recomienda considerar criterios de especialidad jurídica, equilibrio de género y representación regional al momento de proponer candidatos para integrar el tribunal.
Ahora, la administración de Javier Milei evalúa eliminar esas recomendaciones y otorgar mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo para definir los nombres que serán enviados al Senado para su tratamiento.
Desde la Casa Rosada sostienen que la intención no es reducir la transparencia del sistema sino, por el contrario, simplificarlo y evitar condicionamientos que no están expresamente previstos por la Constitución Nacional.
Actualmente, la Corte Suprema atraviesa una situación particular: funciona con tres integrantes sobre un total de cinco cargos, luego de distintas vacantes que aún no lograron ser cubiertas y de los obstáculos políticos para alcanzar acuerdos en el Senado.
La discusión sobre los mecanismos de selección de jueces no es nueva. De hecho, la propia Corte presentó este año una propuesta de reforma del reglamento de concursos para magistrados con el objetivo de reforzar criterios de mérito, idoneidad y transparencia, además de reducir márgenes de discrecionalidad en las distintas etapas de evaluación.
En ese documento, el máximo tribunal advirtió que el sistema vigente presenta algunas falencias, como una excesiva valoración de antecedentes burocráticos por encima del mérito académico y la necesidad de establecer reglas más claras para las entrevistas personales y la confección del orden de mérito.
Sin embargo, el debate que ahora impulsa el Gobierno se concentra específicamente en la etapa política de designación de los jueces de la Corte, una facultad que corresponde al Presidente con acuerdo posterior del Senado.
La eventual eliminación de recomendaciones sobre género o procedencia regional podría abrir una discusión sobre el perfil que debería tener el máximo tribunal y sobre el equilibrio de representaciones dentro de uno de los poderes más importantes del Estado.
Por el momento, el decreto aún no fue publicado oficialmente, aunque distintas fuentes gubernamentales confirmaron que la iniciativa se encuentra en análisis y podría formalizarse en los próximos días.
Si finalmente avanza, la medida volverá a colocar a la Corte Suprema en el centro del debate político, en un contexto donde la composición del tribunal y los mecanismos para elegir a sus integrantes siguen siendo uno de los temas institucionales más sensibles de la agenda argentina.
