Javier Milei decidió sostener a Manuel Adorni en el cargo y quiere que retome la vocería pública, pese al costo político que generó la explicación patrimonial del jefe de Gabinete. En el Gobierno reconocen que la apuesta presidencial es clara: la continuidad de Adorni depende exclusivamente del respaldo de Milei, y la lectura interna es que su salida abriría una ofensiva mayor contra el núcleo libertario.
En despachos oficiales atribuyen al Presidente una definición que sintetiza esa postura: "Si caés, van a venir por nosotros". La carga de presión quedó invertida: no es Adorni quien insiste en quedarse, sino Milei y su hermana Karina quienes le pidieron que no renuncie. En Balcarce 50 sostienen que entregar al funcionario más identificado con la gestión —en medio de causas sensibles como $LIBRA y ANDIS— fortalecería a la oposición, al Poder Judicial y a aliados que ya tomaron distancia.
El clima interno, sin embargo, es cada vez más incómodo. En distintos despachos admiten que la defensa pública de Adorni no cerró el caso y que, en varios aspectos, abrió nuevas preguntas. "Nadie le creyó y ahora la gente quiere saber de dónde sacó la plata", expresan en Nación. La lectura interna es que la explicación estuvo diseñada para la causa judicial, no para ordenar el frente político.
La investigación sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, Pollicita solicitó nuevas medidas: pidió información sobre las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti; requirió datos a ARCA, ANSES y Lemon Cash; solicitó información sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete; y ordenó relevar publicaciones, entrevistas y videos vinculados a sus inversiones en bitcoin. La causa avanzará ahora sobre la consistencia entre los bienes declarados, las rectificaciones posteriores y la explicación pública sobre el origen de los fondos.
En Balcarce 50 reconocen que la cronología sobre las criptomonedas y los registros audiovisuales previos complicaron la defensa pública. "Si Milei dice que no es chorro es porque sabe perfectamente sus ingresos, más allá de las inconsistencias", agregan con suspicacia desde un despacho oficial.
El caso se cruza, además, con la disputa interna por el manejo judicial del Gobierno. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la salida de Sebastián Amerio —hombre de Santiago Caputo—, se agudizó la pelea entre facciones internas por los pliegos, la relación con Comodoro Py y la estrategia sobre expedientes sensibles. En Nación reconocen que esa pulseada volvió más áspero el vínculo entre los sectores de Karina Milei y Caputo. La Procuración General aparece como un objetivo de fondo en el rediseño judicial que debaten las distintas terminales del oficialismo.
El escándalo también reactivó una conversación sensible dentro del Gabinete: las versiones sobre posibles mecanismos de compensación salarial para cargos altos de la Casa Rosada. No hay documentación pública ni confirmación oficial sobre ese punto, pero al menos tres fuentes de la primera línea libertaria, consultadas en reserva, sostienen que el congelamiento de salarios públicos generó discusiones internas sobre compensaciones para funcionarios de alto rango.
En varios despachos oficiales prefieren no pronunciarse sobre esos trascendidos, aunque admiten que la explicación patrimonial de Adorni volvió a poner el tema en circulación. "Ni siquiera se trata sólo de la realidad, sino de lo que parece. Y esto no ayuda", sostiene un funcionario. Otro integrante del oficialismo lo enmarca en la política salarial: "No se puede vivir con tres millones de pesos con una familia. Fue un error congelarlo porque se dio pie a complicaciones más graves".
La preocupación no implica una sospecha generalizada sobre todo el Gabinete. En Balcarce 50 separan a los funcionarios que ya tenían un patrimonio alto antes de asumir de quienes no enfrentan cuestionamientos. Pero admiten que el caso instaló una pregunta incómoda para una administración que construyó parte de su identidad discursiva sobre la austeridad, la transparencia y la denuncia a la "casta".
La estrategia presidencial es encapsular a Adorni bajo su respaldo, esperar que la Justicia no produzca una novedad disruptiva y correr la agenda hacia la economía. El Ejecutivo apuesta a la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora del crédito y los anuncios de infraestructura vinculados a privatizaciones y concesiones en rutas, energía, transporte y servicios públicos.
Esa apuesta tiene límites reconocidos. El caso ya impactó en el vínculo con aliados, abrió diferencias con Patricia Bullrich, tensó al PRO y dio argumentos a la oposición para impulsar una interpelación y una moción de censura. En Nación confían en que esos pedidos no alcancen los votos, pero ya no lo dan por cerrado. Saben que dependerán del comportamiento del PRO, la UCR y los bloques provinciales.
En la mesa chica admiten que Adorni ya no podrá recuperar el perfil que tuvo durante los primeros dos años de gestión. "Es imposible. Ese Adorni ya murió", expresan en Nación. La idea ahora es que funcione más como coordinador político y comunicacional que como fiscal público de la oposición y del periodismo. Milei, sin embargo, no planea cambiar su decisión. Lo considera un activo propio dentro del ecosistema libertario y no quiere reemplazarlo por otro vocero.
