El contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá negó haber recibido presiones y aseguró que la intimación que recibió de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) forma parte de los controles habituales que realiza el organismo sobre los contribuyentes.
Matías Tabar, cuya declaración complicó al jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, sostuvo que el requerimiento fiscal no representa una persecución ni un intento de hostigamiento. “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas y enviarlas. Para mí es normal”, afirmó el contratista, que explicó que trabaja como autónomo desde hace más de dos décadas y que este tipo de procedimientos son habituales cuando se detectan irregularidades administrativas.
Tabar también rechazó las versiones que señalaron que la intimación podría estar relacionada con una maniobra de presión. “No lo considero un apriete”, remarcó. En ese sentido, sostuvo que resultaría ilógico pensar que el propio Adorni impulsara una acción en su contra por una obra realizada en su vivienda. “Sería como el perro que se muerde la cola. Que él me mandara a apretar por un gasto que hizo él sería más que descabellado”, expresó.
El contratista indicó además que no volvió a tener contacto con el jefe de Gabinete ni con integrantes de su entorno desde que se desató la polémica. “No lo vi más. Considero que buscarse no sería justo para ninguna de las dos partes”, señaló. Según explicó, prefiere mantenerse al margen mientras avanza la investigación judicial y administrativa.
La intimación de ARCA fue enviada días después de que la declaración de Tabar quedara incorporada a la causa que investiga la evolución patrimonial de Adorni. El organismo le solicitó documentación vinculada con sus ingresos, movimientos patrimoniales y detalles de la obra realizada en la vivienda del funcionario en Exaltación de la Cruz. Entre otros puntos, ARCA requirió información sobre su actividad económica, facturación, compras a proveedores, justificación de bienes adquiridos y operaciones realizadas durante 2024 y 2025. También pidió precisiones sobre la compra y venta de vehículos y sobre la adquisición de dólares en ese período.
La situación cobró mayor relevancia luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia ante la Justicia en la que acusó a Adorni de intentar influir sobre el avance de la investigación.
Mientras la causa continúa en trámite, Tabar insistió en que responderá los requerimientos de ARCA y dejó en claro que no interpreta el procedimiento como una medida excepcional. “Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento”, concluyó.
