La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de impedir que avance el decomiso de propiedades que actualmente figuran a nombre de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.
La presentación representa la última instancia judicial disponible para cuestionar una medida que ya fue ratificada por tribunales inferiores y que incluye 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz, entre departamentos, viviendas y terrenos que fueron transferidos por los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner a sus hijos.
Desde la defensa de la exmandataria sostienen que los bienes alcanzados por la decisión judicial no guardan relación directa con los hechos investigados en la causa y remarcan que fueron incorporados al patrimonio familiar mediante operaciones legales realizadas con recursos de origen lícito.
Entre las propiedades cuestionadas figuran departamentos y viviendas en Río Gallegos, además de terrenos ubicados en el departamento Lago Argentino. Según el planteo presentado ante la Corte, durante el proceso no se produjo evidencia que permita concluir que esos activos constituyan producto o beneficio derivado de los delitos juzgados.
Los abogados de Cristina Kirchner también argumentaron que las propiedades fueron adquiridas mediante operaciones comerciales regulares y a título oneroso, por lo que consideran improcedente extender el decomiso sobre bienes que actualmente pertenecen a personas que no fueron condenadas en la causa.
La discusión se reactivó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara a fines de mayo el criterio adoptado por el Tribunal Oral Federal N°2, que habilita el decomiso de activos transferidos gratuitamente a terceros, incluso cuando esos bienes hayan sido recibidos por herencia.
Esa resolución dejó firme una orden de recupero patrimonial por más de 684.000 millones de pesos, monto que la Justicia busca ejecutar mediante la identificación y eventual realización de bienes vinculados a las personas condenadas en la causa.
En su presentación, la defensa insistió en que Máximo y Florencia Kirchner no fueron juzgados ni condenados dentro del expediente y advirtió que la medida podría afectar derechos vinculados a la propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Con el recurso ya ingresado, será ahora la Corte Suprema la que deberá resolver si acepta revisar el caso y analizar nuevamente el alcance del decomiso dispuesto por las instancias judiciales anteriores.
