La Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte controversia por la limitación en la participación de expositores. De los cerca de 100 mil inscriptos, solo 400 podrán tomar la palabra en las audiencias públicas.
El esquema fue definido por el oficialismo de La Libertad Avanza, que dispuso un sistema mixto: 200 oradores participarán de manera presencial el miércoles, entre las 10 y las 19, y otros 200 lo harán el jueves de forma virtual. El resto deberá enviar su postura por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.
La organización de las audiencias estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. Ambos deberán además controlar estrictamente los tiempos de exposición, ya que cada participante contará con apenas cinco minutos.
La decisión de restringir la participación generó críticas de la oposición, que había solicitado ampliar la cantidad de jornadas para permitir una mayor intervención de sectores interesados. Sin embargo, el oficialismo ratificó el cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo.
En paralelo, el tema también escaló a la Justicia. El juez Enrique Regueira rechazó una medida cautelar presentada para suspender las audiencias, al considerar que no se acreditaban los requisitos necesarios para frenar un acto parlamentario.
No obstante, aún está pendiente la resolución de otra presentación judicial impulsada por organizaciones ambientalistas, que reclaman que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. El planteo quedó en manos del juez Enrique Lavié Pico.
Entre las entidades que impulsan este reclamo se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y asociaciones de abogados y espacios universitarios, que advierten sobre las limitaciones al debate público en una discusión clave para la política ambiental del país.
