El gobierno de Javier Milei impulsa la eliminación de la ley de etiquetado frontal, la normativa que obliga a colocar octógonos negros en alimentos con exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías. La propuesta abrió una fuerte discusión política y sanitaria entre quienes consideran que la medida protege la salud pública y quienes sostienen que perjudica a la industria alimentaria.
La iniciativa volvió a tomar fuerza luego de que sectores oficialistas y aliados presentaran proyectos para derogar la ley sancionada en 2021. Desde el oficialismo argumentan que el sistema perdió efectividad porque la gran mayoría de los productos tiene sellos, algo que —según plantean— termina generando confusión en los consumidores.
La diputada Daiana Fernández Molero, una de las impulsoras de la derogación, aseguró que “cuando casi todo tiene octógonos, el etiquetado deja de llamar la atención y se convierte en parte del paisaje”. Según explicó, el perfil nutricional adoptado por Argentina hace que cerca del 85% de los productos exhiba advertencias. Además, desde el Gobierno sostienen que la ley no logró incentivar a las empresas a reformular la composición de sus productos.
Otro de los argumentos planteados por quienes buscan modificar la norma está relacionado con el impacto económico sobre la industria alimentaria. Señalan que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan mayores costos para adaptar sus envases a las exigencias argentinas. También cuestionan que el sistema local no coincide con los utilizados en otros países del Mercosur, lo que —afirman— complica exportaciones y operaciones comerciales.
Del otro lado, especialistas en nutrición, organizaciones sanitarias y dirigentes que impulsaron la ley expresaron un fuerte rechazo a la posibilidad de eliminar los octógonos. Una de las principales voces críticas fue la de la exdiputada Brenda Austin, autora de la norma, quien calificó la propuesta como “una decisión equivocada” y remarcó que el objetivo principal es garantizar el derecho a la información de los consumidores. “Cuando una persona está frente a una góndola necesita saber de manera clara qué está consumiendo”, sostuvo.
Los sectores que defienden el etiquetado frontal también ponen el foco en los problemas de obesidad infantil y sobrepeso. Durante el debate parlamentario de la ley se había señalado que alrededor del 36% de los menores en Argentina presenta problemas de obesidad o sobrepeso. Además, remarcan que el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados puede derivar en enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas crónicos.
Otro de los puntos más discutidos es la restricción de publicidad dirigida a niños. La normativa prohíbe utilizar personajes animados, influencers infantiles, juguetes o figuras deportivas en productos que tengan sellos de advertencia. Quienes respaldan la ley consideran que esas limitaciones son fundamentales para evitar estrategias de marketing orientadas a incentivar el consumo de alimentos poco saludables entre menores. En cambio, los sectores que cuestionan la normativa sostienen que esas restricciones afectan estrategias comerciales legítimas de las empresas.
El debate recién comienza y promete generar una fuerte discusión en el Congreso entre quienes plantean la necesidad de reducir regulaciones y quienes advierten sobre un posible retroceso en materia de salud pública y acceso a la información para los consumidores.
