La disputa judicial por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo favorable para el Gobierno nacional: la demanda presentada por la CGT dejará de tramitar en la justicia laboral y pasará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, una decisión que el oficialismo considera una victoria importante.
El cambio fue resuelto por los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, quienes entendieron que el planteo de la central obrera cuestiona al Estado en su rol de legislador y no un conflicto específico entre empleadores y trabajadores. Por ese motivo, concluyeron que la causa debe analizarse dentro del fuero contencioso administrativo y no en la justicia del trabajo, como pretendía la CGT.
La central sindical había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso, al considerar que avanzan sobre derechos laborales y garantías constitucionales. Desde el Ejecutivo, en cambio, sostuvieron desde el inicio que se trata de una controversia contra el Estado nacional y no de un litigio laboral tradicional, por lo que impulsaron el cambio de fuero. Aunque el fiscal había dictaminado que el expediente debía continuar en la justicia laboral, la Cámara falló en sentido contrario y respaldó la postura oficial.
Se trata del segundo avance judicial para la gestión de Javier Milei en esta discusión, luego de que también se reactivara la vigencia de la reforma mientras se debate el fondo del planteo.
En la resolución, los jueces además cuestionaron el recorrido que había tenido el expediente hasta ahora y señalaron que el trámite en el fuero laboral generó un conflicto innecesario que demoró el proceso. Por eso, ordenaron que la causa continúe su curso dentro del ámbito contencioso administrativo.
Uno de los antecedentes clave fue la decisión de la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien había aceptado previamente el planteo de inhibitoria presentado por el Ministerio de Capital Humano. Además, el Gobierno argumentó que la CGT no acreditó un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la reforma y cuestionó la legitimidad de la central obrera para impulsar una acción colectiva de ese alcance. Según el Ejecutivo, la sola vigencia de la norma no constituye un daño actual suficiente para justificar la intervención judicial en esos términos.
Con este fallo, el oficialismo gana terreno en una de las discusiones más sensibles de su agenda legislativa y sindical.
