El Gobierno apelará el fallo por el financiamiento universitario y busca aplicar la ley sin impacto pleno en el presupuesto. La decisión ya está en marcha mientras los equipos jurídicos del Ejecutivo definen la estrategia para llevar el caso hasta la Corte Suprema.
La medida surge tras la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó la aplicación de la ley de financiamiento universitario y ordenó actualizar salarios, recomponer becas y sostener partidas para investigación.
En la Casa Rosada ya trabajan sobre dos frentes: el judicial y el administrativo. Por un lado, el Ejecutivo presentará un recurso para intentar revertir la decisión y, en caso de ser rechazado, avanzará con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero en paralelo, el Gobierno ya definió cómo cumplirá la ley mientras se resuelve la disputa: lo hará de manera gradual.
La estrategia oficial consiste en realizar transferencias mensuales, lo que en el Ejecutivo describen como un esquema “por goteo”, con el objetivo de evitar que el costo total quede incorporado de forma inmediata al presupuesto anual.
El eje del conflicto está en la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes según la inflación acumulada, además de recomponer becas estudiantiles y garantizar fondos para investigación.
En el Gobierno sostienen que la aplicación completa de la norma tiene un fuerte impacto fiscal, por lo que buscan dosificar su implementación sin desconocer el fallo judicial.
Esa tensión no es nueva. Cuando la ley fue promulgada, el Ejecutivo intentó frenar su ejecución mediante el decreto 759/2025, bajo el argumento de que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento.
Ese esquema fue ahora objetado por la Justicia, lo que reactivó el conflicto.
Mientras tanto, en el oficialismo ya trabajan en una salida política de fondo: impulsar un nuevo proyecto en el Congreso que modifique el sistema actual.
La idea no es derogar la ley vigente, sino reemplazar el mecanismo de actualización automática por otro más acotado, que permita mayor control del gasto.
En ese camino, en el Gobierno también analizan la posibilidad de avanzar con una reglamentación propia, en línea con antecedentes recientes donde optaron por implementar leyes sin resignar su posición política.
