El juez federal Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno nacional contra el fallo vinculado con la Ley de Financiamiento Universitario, pero dispuso que continúe el trámite para ejecutar la medida cautelar vigente. La decisión mantiene la obligación de avanzar con las disposiciones judiciales mientras la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revisa la resolución.
El magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, concedió el recurso presentado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la apelación no implica por sí misma que quede suspendido el cumplimiento de la cautelar, que contempla fondos para el funcionamiento de las universidades, recomposición salarial para docentes y no docentes y actualización de becas estudiantiles.
El Gobierno había cuestionado la decisión judicial a través del Ministerio de Capital Humano, al considerar que la aplicación de la normativa genera un impacto fiscal significativo y que no cuenta con una fuente de financiamiento específica y suficiente.
Qué resolvió el juez Martín Cormick
Cormick habilitó la revisión del caso por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá analizar los argumentos del Ejecutivo y resolver si corresponde confirmar o modificar la decisión cuestionada.
No obstante, el magistrado dejó expresamente establecido que continuará el trámite de ejecución de la cautelar. En el fallo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, señaló que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”.
Esto significa que la discusión sobre la apelación seguirá su curso sin que, por esa sola decisión, se interrumpa el procedimiento para exigir el cumplimiento de la medida judicial.
Por qué el Gobierno apeló la Ley de Financiamiento Universitario
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la resolución judicial ocasiona “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el orden fiscal.
Entre los argumentos presentados, el Gobierno afirmó que cumplir con la ley puede generar efectos presupuestarios de gran magnitud y afectar el equilibrio de las cuentas públicas. También cuestionó que la norma no identifique una fuente de financiamiento específica y suficiente para cubrir las obligaciones previstas.
Según el planteo oficial, los recursos necesarios se obtendrían mediante reasignaciones presupuestarias. El Ejecutivo advirtió que esa alternativa podría alcanzar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional, de acuerdo con el cálculo incluido en su presentación judicial.
Además, las autoridades pidieron interpretar de manera conjunta la Ley 24.629, la Ley de Administración Financiera 24.156 y la Ley 27.798, vinculadas con la autorización, planificación y ejecución del gasto público.
Qué establece la cautelar sobre las universidades
La medida cautelar busca garantizar la aplicación de obligaciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Sus principales alcances incluyen:
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Funcionamiento universitario: asignación de partidas para sostener las actividades de las universidades nacionales.
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Salarios: recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
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Becas estudiantiles: actualización de los montos destinados a acompañar a estudiantes universitarios.
La continuidad de la ejecución judicial es relevante porque permite que el reclamo por el cumplimiento de estas obligaciones siga tramitándose mientras se analiza la apelación.
Para las instituciones universitarias, el conflicto no se limita a una discusión sobre procedimientos legales: también involucra los recursos disponibles para sostener las actividades académicas, afrontar gastos operativos y atender los reclamos salariales.
Los antecedentes del conflicto por el financiamiento universitario
La disputa judicial se inscribe en un enfrentamiento más amplio entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley 27.795.
El Ejecutivo cuestiona el impacto fiscal de la normativa y la forma en que deberían financiarse sus obligaciones. Del otro lado, las universidades y sus representantes reclaman que se cumpla una ley aprobada por el Congreso y que se garanticen los recursos previstos.
En los últimos meses, el expediente acumuló distintas presentaciones judiciales relacionadas con la vigencia de la norma y la ejecución de sus disposiciones. La controversia incluye tanto la discusión sobre el alcance de las obligaciones presupuestarias como los mecanismos para exigir su cumplimiento.
La nueva decisión de Cormick introduce una distinción importante: el Gobierno consiguió que la Cámara revise el fallo, pero esa concesión no equivale a una autorización para dejar de cumplir la cautelar.
