La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el marco del reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la actualización de los salarios docentes y no docentes y los fondos destinados a becas estudiantiles.
La sanción fue dirigida contra Santilli debido a las atribuciones de la Jefatura de Gabinete en la administración presupuestaria. Se trata de astreintes, es decir, multas económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una resolución judicial.
“Atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.
El magistrado estableció inicialmente la sanción en $100.000 por cada día de incumplimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados si la situación se mantiene.
El Gobierno ya había sido intimado
La resolución llega después de una serie de intimaciones al Poder Ejecutivo. El juez había otorgado el 22 de septiembre un plazo de cinco días para avanzar con el cumplimiento de la cautelar.
Ante la falta de constancias que acreditaran los pagos correspondientes, el 30 de septiembre Cormick formuló un nuevo apercibimiento. Este miércoles resolvió hacer efectiva la sanción económica.
El conflicto judicial gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y al reclamo de las universidades nacionales por los recursos previstos para el funcionamiento del sistema, los salarios de docentes y no docentes y las becas para estudiantes.
La apelación del Gobierno no suspende la cautelar
El Gobierno de Javier Milei apeló el fallo principal que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había intentado dejar sin efecto la aplicación de la ley.
Sin embargo, Cormick sostuvo que esa apelación no libera al Ejecutivo del cumplimiento de la medida cautelar vigente. Según remarcó el magistrado, la cautelar “continúa activa, firme y de cumplimiento obligatorio” y fue convalidada previamente por la Corte Suprema de Justicia.
Con la decisión de este miércoles, la multa comenzará a acumularse mientras persista el incumplimiento. El propio juez advirtió además que podrá elevar el monto de las astreintes o ampliar los funcionarios alcanzados si no se acredita el cumplimiento de la resolución judicial.
