La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva medida de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del funcionario y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, antes de definir si corresponde exigir una justificación formal sobre sus bienes. La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que deberá reconstruir la situación patrimonial de ambos desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
El objetivo de la fiscalía es contar con un panorama completo sobre los ingresos, bienes, inversiones, deudas, gastos y movimientos financieros de la pareja para determinar si existe algún eventual desbalance patrimonial que requiera explicaciones adicionales.
La investigación no se limita a los bienes declarados, sino que incluye el análisis de todas las fuentes de ingresos acreditadas, las operaciones financieras realizadas durante el período investigado y la evolución de las disponibilidades económicas del grupo familiar. Entre los aspectos más relevantes del informe solicitado figura la reconstrucción detallada de las entradas y salidas de dinero, incluyendo consumos, pagos, adquisiciones de bienes, cancelación de deudas y movimientos en moneda extranjera. Además, la fiscalía pidió comparar las distintas declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni, junto con sus eventuales rectificaciones, para identificar cambios en la composición de activos y pasivos, verificar el origen de las variaciones y establecer si esas modificaciones encuentran respaldo en la documentación incorporada al expediente.
Uno de los puntos centrales de la investigación será el análisis de las operaciones con criptoactivos. La DAFI deberá reconstruir depósitos, retiros, compras, ventas, transferencias y movimientos entre billeteras virtuales y plataformas de intercambio.
La operatoria con criptomonedas aparece como uno de los capítulos más sensibles de la causa, especialmente después de que Adorni afirmara haber realizado inversiones en Bitcoin por alrededor de 200 mil dólares. La fiscalía busca determinar si esos movimientos resultan compatibles con los ingresos y recursos declarados.
El informe también deberá revisar el origen y la forma de financiamiento de bienes incorporados al patrimonio familiar, así como préstamos, mutuos u otras operaciones que hayan servido para justificar movimientos de dinero. Para ello, se analizará la capacidad económica de quienes eventualmente hayan otorgado financiamiento y se contrastarán escrituras, declaraciones juradas, registros públicos y documentación respaldatoria.
Como resultado final, la DAFI tendrá que elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto de manera individual como consolidada para el grupo familiar. Ese análisis permitirá confrontar los ingresos acreditados con las adquisiciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de obligaciones para detectar posibles inconsistencias, partidas insuficientemente justificadas o movimientos que no puedan ser conciliados con los recursos declarados. Recién después de contar con ese informe técnico, la fiscalía definirá si corresponde avanzar con un requerimiento formal para que Adorni explique el origen y la evolución de su patrimonio.
