La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza hacia una instancia determinante. La fiscalía trabaja en un requerimiento formal para que el funcionario acredite el origen y la evolución de su patrimonio, especialmente en relación con los fondos que aseguró haber invertido en criptomonedas años atrás.
La causa está a cargo del juez federal, Ariel Lijo, y del fiscal federal, Gerardo Pollicita, quienes analizan la documentación presentada por Adorni luego de que reconociera la existencia de bienes y activos que no figuraban en declaraciones previas.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la explicación brindada por el funcionario sobre una inversión de US$200.000 realizada junto a su esposa en activos digitales, operación que, según sostuvo, habría generado ganancias por aproximadamente US$300.000 entre 2014 y 2018.
La Justicia busca determinar si esos fondos pueden ser acreditados documentalmente y si existe correspondencia entre los movimientos financieros declarados y el incremento patrimonial registrado en los últimos años. Entre las medidas que podrían solicitarse figura la presentación de información técnica vinculada a las billeteras digitales utilizadas y la documentación que permita verificar la titularidad de los activos.
Según trascendió, el Ministerio Público Fiscal trabaja en un extenso informe que servirá de base para el requerimiento de justificación patrimonial. Se trata de una instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria, medida que podría adoptarse si las explicaciones y pruebas aportadas resultan insuficientes para acreditar el origen de los bienes investigados.
Mientras tanto, los investigadores continúan analizando las declaraciones juradas presentadas por Adorni, incluidas las rectificaciones realizadas recientemente, así como la documentación de carácter reservado que debe acompañar esos informes patrimoniales.
En paralelo, durante los últimos días el fiscal impulsó nuevas medidas de prueba y solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre las declaraciones tributarias del funcionario y de su esposa correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Además, requirió incorporar esos antecedentes al análisis patrimonial que desarrolla la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado en el seguimiento de movimientos económicos complejos.
La investigación busca establecer si la evolución patrimonial del jefe de Gabinete puede ser explicada con ingresos legítimos y debidamente registrados o si existen inconsistencias que justifiquen profundizar el proceso judicial.
