La investigación por una presunta retención indebida de aportes en la AFA sumó un nuevo capítulo clave: la fiscalía dictaminó que no corresponde cerrar el caso y que debe continuar su trámite judicial.
El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, rechazó los pedidos de sobreseimiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y del resto de los imputados, en una causa que investiga una deuda millonaria por aportes no ingresados al Estado.
El dictamen fue presentado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, donde ahora se analiza si se confirma la continuidad del expediente.
El eje de la causa está puesto en la presunta retención de fondos que no habrían sido depositados en tiempo y forma, en concepto de IVA, Ganancias y aportes de la seguridad social.
Según el fiscal, si esos montos fueron retenidos y no ingresados en los plazos legales, el hecho no pierde relevancia penal por decisiones administrativas posteriores. En ese sentido, fue contundente: la falta de depósito una vez vencido el plazo configura el núcleo del delito investigado, independientemente de medidas que hayan suspendido la ejecución fiscal.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó una deuda estimada en $19.000 millones correspondiente al período 2024-2025. Frente a esto, la defensa de los dirigentes intentó frenar el avance del expediente con el argumento de que, al haberse suspendido las ejecuciones fiscales para ciertas entidades, la deuda no podía considerarse exigible.
Sin embargo, el fiscal rechazó esa interpretación y sostuvo que una cosa es la posibilidad de ejecutar la deuda y otra distinta es la obligación de pagarla, que sigue vigente.
El dictamen también remarcó que nunca hubo una prórroga de los vencimientos, sino únicamente decisiones administrativas sobre cómo y cuándo reclamar los pagos.
Para la fiscalía, aceptar el planteo de la defensa implicaría alterar el régimen legal de las obligaciones tributarias, ya que el deber de ingresar esos fondos no desaparece por la suspensión de mecanismos de cobro.
Otro punto central del análisis fue la naturaleza del dinero involucrado.
El fiscal subrayó que no se trata de tributos propios de la AFA, sino de fondos retenidos a terceros que deben ser transferidos al Estado, lo que implica una responsabilidad más estricta en su cumplimiento.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue abierto en varias instancias.
El juez de primera instancia, Diego Amarante, ya rechazó los sobreseimientos y se encuentra en condiciones de definir si procesa, dicta falta de mérito o desvincula a los acusados.
En paralelo, la Cámara analiza ese planteo, aunque no habrá una resolución inmediata, ya que uno de los imputados solicitó una prórroga.
Los cinco dirigentes ya fueron indagados, presentaron escritos y reclamaron su desvinculación sin responder preguntas.
Además, continúa vigente la prohibición de salida del país, una medida que también está bajo revisión judicial.
