Flybondi solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores en medio de una profunda crisis financiera y operativa que redujo drásticamente su actividad durante el último año. La compañía buscará ahora negociar sus deudas bajo supervisión judicial y evitar un eventual escenario de quiebra.
La presentación de FB Líneas Aéreas S.A., sociedad que opera comercialmente bajo la marca Flybondi, fue realizada el 2 de octubre y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.
El expediente tramita con intervención de la Secretaría N.º 47, encabezada por Santiago Medina, y la presentación fue realizada por el estudio jurídico Grispo.
Hasta este lunes, el expediente figuraba “en despacho”, sin resoluciones públicas que permitan conocer cuál será la primera decisión del tribunal.
El concurso preventivo permite que una empresa con dificultades económicas negocie con sus acreedores dentro de un proceso judicial. Su objetivo es alcanzar un acuerdo sobre los pasivos, preservar la actividad y evitar la quiebra.
Deudas millonarias y reclamos de pasajeros
La situación financiera de Flybondi incluye compromisos y reclamos identificados públicamente por más de $4.000 millones, una cifra que podría acercarse a los $4.600 millones al incorporar intereses y costas correspondientes a diferentes embargos. Sin embargo, fuentes del sector sostienen que ese monto representaría solamente una parte de las obligaciones acumuladas.
Entre los acreedores aparecen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Intercargo, proveedores de combustible, empresas propietarias de aeronaves y talleres de mantenimiento.
También existen reclamos laborales y pedidos de devolución de dinero de pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
A esto se agregan dos aeronaves que permanecen fuera de la Argentina y que acumularían compromisos cercanos a los US$5,5 millones por tareas de mantenimiento.
Flybondi perdió prácticamente todo su mercado en un año
La dimensión de la crisis también puede observarse en la cantidad de pasajeros transportados. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Flybondi trasladó 254.533 pasajeros en vuelos de cabotaje durante agosto de 2025, cuando concentraba alrededor del 17% del mercado doméstico.
Un año después, en agosto de 2026, transportó apenas 1.865 pasajeros y su participación cayó al 0,1%. La diferencia representa una pérdida superior a 252.000 pasajeros en apenas doce meses.
El deterioro estuvo acompañado por una fuerte reducción de su flota. Actualmente la compañía mantiene tres aeronaves en territorio argentino sin actividad comercial, mientras que otras diez fueron devueltas a sus arrendadores.
Algunas unidades todavía conservan matrícula argentina y permanecen en el país mientras se completan los procedimientos técnicos y contractuales necesarios para concretar su devolución.
Embargos y una disputa entre los accionistas
La crisis se desarrolla además en medio de un conflicto entre los principales accionistas de la compañía.
Por un lado se encuentra COC Global, fondo inversor que ingresó a Flybondi en mayo de 2025 y que, según la información difundida, aportó más de US$70 millones para sostener las operaciones. Del otro aparece Cartesian Capital Group, accionista histórico de la aerolínea y con representación en su directorio.
La disputa tomó estado público en agosto. COC Global aseguró entonces que los embargos dispuestos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre cuentas bancarias de Flybondi habían limitado severamente la capacidad de la empresa para afrontar pagos y obligaciones corrientes.
El fondo también cuestionó la gestión anterior y llegó a advertir sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales tanto en la Argentina como en el exterior.
La presentación en concurso abre ahora una instancia decisiva para la primera aerolínea low cost que comenzó a operar en el país. La Justicia deberá resolver la apertura del proceso y, en caso de avanzar, Flybondi tendrá que negociar con sus acreedores una reestructuración que permita determinar si existen condiciones para sostener su actividad.
