La Justicia Federal le dio tres días al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional para que presenten información sobre el destino de recursos recaudados para infraestructura vial, en el marco de un amparo que reclama obras y mantenimiento sobre distintas rutas nacionales de Entre Ríos.
La medida fue adoptada por el juez federal de Victoria, Federico Martín, antes de resolver el pedido de una cautelar presentado por los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Estado nacional.
El expediente tramita bajo la denominación “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”.
El eje de la presentación está puesto en los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se financia a través del impuesto a los combustibles. Los demandantes sostienen que esos fondos tienen una afectación específica establecida legalmente y, por lo tanto, deben ser utilizados para infraestructura vial.
Según el planteo judicial, parte de esos recursos habría permanecido colocada en instrumentos financieros en lugar de destinarse a las obras para las cuales fueron recaudados.
Más de $1,5 billones recaudados y $394.406 millones destinados a obras
El relevamiento incorporado al amparo sostiene que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, en todo el país, más de $1,5 billones. De ese monto, siempre según los datos presentados por los demandantes, se habrían aplicado a obras aproximadamente $394.406 millones.
El reclamo señala además que, al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.
Los legisladores cuestionan que esos recursos sean mantenidos en instrumentos financieros y sostienen que esa utilización desvirtúa la finalidad específica prevista para lo recaudado mediante el impuesto a los combustibles. La presentación también señala que el Gobierno nacional reconoció que esos recursos son computados dentro de las cuentas destinadas a sostener el equilibrio fiscal.
A partir de esos argumentos, Bahl, Michel y Marclay solicitaron judicialmente que se reactiven obras y tareas de mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos. Entre los corredores mencionados aparecen las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de otros tramos bajo jurisdicción nacional dentro de la provincia.
La Justicia espera la respuesta de Nación
Antes de expedirse sobre la medida cautelar, el juez Martín resolvió pedir explicaciones a los dos organismos nacionales demandados.
Tanto el Ministerio de Economía como Vialidad Nacional disponen de tres días para producir el informe requerido por el Juzgado Federal de Victoria. Una vez incorporadas esas respuestas al expediente, el magistrado estará en condiciones de analizar el planteo cautelar.
El reclamo judicial se produce además en medio de cambios en la administración de corredores nacionales de Entre Ríos. El amparo menciona que el pasado 7 de octubre el Gobierno nacional concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas. Entre los sectores comprendidos se encuentran el tramo de la Ruta Nacional 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la Ruta Nacional 12 entre Crespo y Paraná.
Ahora, Economía y Vialidad deberán responder ante la Justicia sobre el manejo de los recursos cuestionados, mientras continúa pendiente la decisión sobre la cautelar que busca garantizar su utilización para obras y mantenimiento vial.
