El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, presentó un proyecto de ley que será elevado mañana a la Legislatura para fortalecer las restricciones al uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación en los centros de detención.
La iniciativa fue anunciada en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; y la diputada provincial oficialista, María Andrea Aguilera.
Erradicar las “oficinas remotas” del delito
Torres se refirió a las distintas metodologías empleadas por delincuentes para cometer estafas digitales, las cuales, según explicó, “impactan especialmente en los sectores más vulnerables y crecieron de manera exponencial, principalmente desde la pandemia”.
En ese sentido, señaló que “es importante dimensionar que el sistema penitenciario implica un costo fiscal que sostienen todos los contribuyentes de la Provincia, y muchas veces detrás de estas estafas hay organizaciones que operan desde contextos de encierro utilizando teléfonos celulares de manera clandestina”.
“Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”, expresó el mandatario.
Asimismo, aclaró que la iniciativa “no busca incomunicar a los presos, sino ordenar y controlar las comunicaciones”.
“Van a poder seguir contactándose con sus familiares, con sus defensores y con las autoridades correspondientes, pero mediante sistemas institucionales y controlados, no a través de celulares que hoy muchas veces terminan siendo herramientas para cometer delitos”, explicó.
Torres advirtió además que las estadísticas sobre este tipo de estafas “muestran un crecimiento sostenido”, y remarcó que “muchos casos ni siquiera se denuncian por vergüenza o desconocimiento, por lo que la dimensión real del problema es aún mayor”.
“Tenemos la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a las estafas digitales que se organizan desde las cárceles”, concluyó.
Estafas digitales en contextos de encierro
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia”.
En ese sentido recordó que la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad “establece claramente la prohibición del uso de dispositivos en contextos de encierro”, pero explicó que esa restricción se flexibilizó en su momento debido a las condiciones extraordinarias generadas por la emergencia sanitaria.
“Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”, explicó.
Según indicó el funcionario, la urgencia de avanzar con esta normativa está vinculada con el aumento de los casos de estafas virtuales y con la creciente cantidad de víctimas que se registran en todo el país.
Terminar con la “permisividad” heredada de la pandemia
En comunicación remota durante la presentación del proyecto, el vicegobernador Gustavo Menna destacó que se trata de “una iniciativa muy trascendente, que apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”.
“Muchos reclusos aprovecharon la situación excepcional que se dio durante la pandemia para acceder a dispositivos que hoy son utilizados para delinquir desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, señaló.
Menna remarcó además que “si bien existe una normativa general que restringe el uso de estos dispositivos, también hubo interpretaciones diversas que en algunos casos terminaron favoreciendo la continuidad de estas prácticas”.
“Esta iniciativa viene a establecer reglas claras, prohibiendo el uso de cualquier dispositivo que permita la reiteración de estos delitos que provocan daños patrimoniales y personales”, expresó.
Entornos digitales seguros
Por su parte, la diputada provincial y autora del proyecto, María Andrea Aguilera, sostuvo que “no pueden seguir ocurriendo este tipo de delitos coordinados desde las cárceles”.
“Lo que buscamos es prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para las personas privadas de la libertad, garantizando al mismo tiempo que las comunicaciones se realicen en condiciones seguras”, explicó.
La legisladora detalló que la normativa prevé que las comunicaciones “se realicen en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales que permitan el contacto con familiares, defensores y autoridades”.
Aguilera destacó además que la iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia impulsada por el Gobierno para fortalecer la seguridad en entornos digitales.
En ese marco recordó que “Chubut fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que también se avanza en distintos ámbitos en el uso responsable de dispositivos tecnológicos.
“Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”, concluyó.
