Con el calendario legislativo en marcha, el oficialismo acelera para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares en abril, pero el camino hacia el recinto aparece atravesado por cuestionamientos políticos y advertencias de organizaciones ambientalistas.
Tras el aval judicial al esquema de participación, la Cámara de Diputados activará esta semana dos jornadas intensivas de audiencias públicas, convocadas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, titulares del plenario de comisiones que tratará el proyecto. Las exposiciones se desarrollarán entre miércoles y jueves, de 10 a 19, con posibilidad de extenderse hasta la medianoche.
El formato elegido generó polémica desde el inicio. Aunque más de 100 mil personas se inscribieron para participar, se dispuso un sistema mixto: videos de hasta cinco minutos por expositor, acompañados por documentos escritos de no más de diez páginas. Además, esas presentaciones serán subidas a la plataforma oficial de Diputados.
Un conjunto de organizaciones, entre ellas Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, intentó frenar el mecanismo mediante una cautelar judicial. El reclamo apuntaba a que se garantizara “la participación oral de la totalidad de los inscriptos”. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el juez Enrique Alonso Regueira, quien habilitó la realización de las audiencias bajo el esquema propuesto.
Desde el oficialismo, la respuesta fue contundente. Mayoraz defendió la convocatoria y cruzó a los críticos: “Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana”. Y remarcó: “La justicia federal rechazó el pedido de suspensión”.
El reglamento también sumó tensiones dentro del Congreso. Solo podrán participar presencialmente los diputados de las comisiones involucradas, mientras que el resto de los legisladores y asesores tendrá acceso limitado. Una decisión que fue leída por sectores opositores como una restricción al debate político.
Superada la instancia de audiencias, el oficialismo proyecta avanzar rápido. Entre el 7 y el 8 de abril buscará firmar dictamen y, si consigue los consensos necesarios, llevar el proyecto al recinto el 15 de abril. Allí se jugará una votación clave: si se aprueba sin cambios, la ley quedará sancionada; si se modifica, deberá volver al Senado.
En paralelo, Martín Menem y Gabriel Bornoroni trabajan para reunir los 129 votos necesarios para el quórum y construir la mayoría. El oficialismo cuenta con su base de legisladores y negocia apoyos con sectores del PRO, la UCR y diputados de provincias cordilleranas.
Algunos respaldos ya aparecen en el horizonte. Gobernadores como Raúl Jalil y Marcelo Orrego impulsan los cambios y sus representantes acompañarían la iniciativa. Pero no todo está asegurado: también emergen resistencias dentro de la oposición e incluso en bloques aliados.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el alcance de las modificaciones. La reforma busca flexibilizar el régimen actual de protección de glaciares y zonas periglaciales, vigente desde 2010, para otorgar mayor margen de decisión a las provincias. En concreto, habilitaría actividades como la minería o la exploración hidrocarburífera en determinadas áreas, en función de su impacto hídrico.
Ese eje es el que concentra las principales críticas. Desde organizaciones ambientales advierten que la iniciativa podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua, mientras que el oficialismo sostiene que se trata de equilibrar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo.
En ese escenario, el debate promete escalar en las próximas semanas. Con un Congreso dividido y presiones cruzadas, la discusión por la Ley de Glaciares se encamina a convertirse en uno de los focos políticos y ambientales más intensos del año.
