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El Gobierno designó a un nuevo funcionario en Seguridad y aceptó una renuncia en Presidencia

Pablo Francisco Argibay Molina fue nombrado subsecretario de Investigación Criminal, mientras que María Belén Agudiez dejó la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. Ambas medidas fueron oficializadas este lunes.

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Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 15:40
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El cargo quedó vacante a partir de la aceptación formal de la dimisión.

El Gobierno nacional oficializó este lunes dos movimientos en su estructura, con una nueva designación en el Ministerio de Seguridad Nacional y la aceptación de una renuncia en la Secretaría General de la Presidencia.

A través del Decreto 1044/2026, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, designaron al abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. La medida establece que el nombramiento rige desde el 3 de agosto de 2026.

La Subsecretaría de Investigación Criminal depende del Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte de la estructura destinada a la coordinación de políticas vinculadas con la investigación criminal, el narcotráfico y la criminalidad organizada.

En paralelo, mediante el Decreto 1055/2026, el Ejecutivo aceptó la renuncia de María Belén Agudiez al cargo de subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. La salida tiene vigencia desde el 20 de septiembre y el decreto lleva las firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La norma no especifica los motivos de la renuncia y se limita a agradecer a Agudiez por los servicios prestados durante su gestión. El cargo quedó vacante a partir de la aceptación formal de la dimisión.

La salida se produce luego de la reestructuración de la Quinta de Olivos dispuesta la semana pasada por el Gobierno. En ese proceso fue disuelta la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa Militar pasó a concentrar responsabilidades vinculadas con la seguridad, los bienes y la logística de la residencia presidencial.

La reorganización de Olivos contempla además un proceso de transferencia de funciones que deberá completarse en un plazo máximo de 60 días, según lo dispuesto por el Ejecutivo.

Con las dos medidas publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó así un nuevo nombramiento en un área vinculada con la investigación criminal y dejó vacante un cargo dentro de la estructura de la Secretaría General de la Presidencia.

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