El super-RIGI tendrá un piso mínimo de inversión de US$2.000 millones, diez veces más que el umbral de US$200 millones del régimen vigente. Así lo trabaja el Gobierno, que busca enviar el proyecto al Congreso en los próximos días, aunque en Balcarce 50 reconocen que los tiempos son ajustados y que la presentación podría dilatarse hasta la semana que viene. "Estamos a las corridas", admiten cerca de los despachos que intervienen en la redacción.
El salto en el piso de inversión no es casual. En el entorno del Presidente justifican ese umbral por el tipo de proyectos que quieren atraer: industrias nuevas, de escala global y con alta demanda de capital que hoy no tienen desarrollo local significativo. La lista de sectores apuntados incluye inteligencia artificial, data centers, infraestructura nuclear, defensa, autos eléctricos, baterías de litio, refinamiento y laminado de cobre, cadena de valor del uranio, fertilizantes, paneles solares, turbinas eólicas y productos industriales derivados de la pesca.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado parte de la arquitectura del esquema. El super-RIGI prevé una alícuota de Ganancias del 15%, por debajo del 25% del RIGI actual, además de una amortización acelerada del 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero. También contempla exención de aranceles de importación para bienes vinculados a la producción y derechos de exportación en cero desde el inicio.
Uno de los puntos más sensibles es la relación con las provincias y los municipios. El Ejecutivo busca que las jurisdicciones que adhieran no puedan cobrar más del 0,5% de Ingresos Brutos a los proyectos alcanzados, y que las tasas municipales no se calculen sobre ventas. Esa definición obligará a una negociación con gobernadores y, en varios casos, con legislaturas provinciales.
El super-RIGI forma parte de un paquete de alrededor de diez proyectos que el Gobierno busca remitir al Congreso para sostener su agenda legislativa. En Legal y Técnica aún continúa la revisión de los expedientes y el oficialismo todavía debe definir por qué cámara ingresará el proyecto y cómo lo integrará al resto del paquete de leyes. La Casa Rosada apunta además a un diseño jurídico más cerrado para reducir el riesgo de judicializaciones.
