El Gobierno enviará esta semana al Congreso un proyecto que busca combinar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal con una reforma orientada al mercado de capitales, con el objetivo de incentivar que los dólares fuera del sistema ingresen al circuito financiero y puedan destinarse a inversiones. La iniciativa, que según fuentes oficiales ingresará este jueves a la Cámara de Diputados, pretende convertirse en una segunda etapa del régimen de Inocencia Fiscal, luego de que en la Casa Rosada reconocieran que la versión inicial no alcanzó los resultados esperados.
En el oficialismo sostienen que la primera ley generó dudas entre contadores, tributaristas y contribuyentes sobre el alcance del denominado "tapón fiscal", la seguridad jurídica y la posibilidad de futuras investigaciones por parte de ARCA sobre ejercicios anteriores.
Por ese motivo, el Ministerio de Economía busca incorporar garantías más claras para quienes adhieran al régimen. La propuesta apunta a limitar la posibilidad de que el organismo tributario revise períodos previos, salvo que existan discrepancias significativas o investigaciones iniciadas antes de la adhesión.
Además, el proyecto contempla ampliar el universo de contribuyentes que podrán acceder al régimen mediante la eliminación de algunos topes patrimoniales y de ingresos, junto con modificaciones al concepto de "discrepancia significativa" y nuevos mecanismos de rectificación.
Uno de los principales ejes de la iniciativa será la integración del régimen fiscal con el mercado de capitales. El Gobierno pretende incorporar al proyecto parte de la regulación ya implementada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para fortalecer por ley el uso de fondos regularizados a través de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales.
La intención oficial es que quienes ingresen al régimen no solo obtengan protección frente a eventuales reclamos fiscales, sino que también puedan canalizar esos recursos hacia instrumentos financieros que generen rendimiento.
En la Casa Rosada describen internamente esa estrategia como la creación de una "banca paralela en dólares", aunque aclaran que no se trata de un sistema fuera del control estatal, sino de un circuito regulado por la CNV para fomentar la intermediación financiera sin necesidad de recurrir exclusivamente al sistema bancario tradicional.
El Gobierno busca que los contribuyentes puedan invertir esos fondos en obligaciones negociables, fideicomisos, fondos comunes de inversión y otros activos financieros, sin que esas operaciones sean utilizadas automáticamente por el fisco para revisar declaraciones de años anteriores.
No obstante, desde distintas ALyC advierten que el fortalecimiento del blindaje fiscal no elimina las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero. Los agentes seguirán obligados a verificar la trazabilidad de los fondos y el perfil de cada cliente antes de autorizar cualquier operación.
La iniciativa también convivirá con el paquete de desregulación que prepara el ministro Federico Sturzenegger, que contempla modificaciones al régimen de prendas, warrants y garantías financieras, incluyendo la digitalización de garantías, el uso de activos virtuales como respaldo de obligaciones y la implementación de contratos inteligentes.
En el Ejecutivo consideran que ambas reformas forman parte de una misma estrategia para profundizar el mercado financiero local, aumentar la liquidez en dólares y transformar parte del ahorro informal en inversiones productivas o financieras, sin resignar los controles vinculados a la prevención del lavado de activos.
