El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que comenzó a diseñarse a partir de la disputa por la explotación de recursos en las Islas Malvinas, pero que propone una reforma más amplia del sistema argentino de seguridad y defensa.
El texto crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, que quedaría bajo la conducción del Presidente. El nuevo esquema integraría áreas que actualmente funcionan de manera separada, entre ellas Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
El Consejo estaría integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica. El Presidente podría convocar también a otros funcionarios o especialistas según los temas analizados.
La iniciativa establece que el organismo será responsable de elaborar la Política de Seguridad Nacional y coordinará las políticas específicas de defensa, economía, diplomacia e inteligencia.
Uno de los aspectos centrales del proyecto está relacionado con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Gobierno propone endurecer las sanciones contra personas y empresas que participen en actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en esos territorios sin autorización argentina.
El proyecto contempla nuevas figuras penales y sanciones económicas, con penas que en determinados casos podrían alcanzar los 20 años de prisión. También incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia en determinados delitos contemplados por la iniciativa.
El proyecto no se limita al conflicto por Malvinas. También incorpora herramientas para actuar ante lo que el Ejecutivo defina como amenazas graves e inminentes para la Seguridad Nacional. Entre las medidas previstas aparecen restricciones sobre operaciones cambiarias, transferencias y pagos, limitaciones comerciales, suspensión de permisos y concesiones e inmovilización de fondos y otros activos bajo jurisdicción argentina.
Otro capítulo incorpora un régimen de protección aeroespacial que contempla distintas etapas de intervención frente a aeronaves consideradas irregulares u hostiles. El uso de la fuerza aparece previsto como último recurso y requeriría una orden expresa del Presidente, con posibilidad de delegación en el ministro de Defensa según el mecanismo establecido en el proyecto.
La propuesta también modifica la definición de Defensa Nacional y amplía el concepto de amenazas externas para incluir, además de las acciones militares convencionales, fenómenos no cinéticos como determinados ataques cibernéticos, sabotajes y agresiones contra infraestructura estratégica.
En ese marco, las Fuerzas Armadas quedarían contempladas para actuar frente a riesgos y amenazas externas, tanto en operaciones militares convencionales como en otras operaciones y, bajo determinadas condiciones, en la protección de infraestructura crítica.
El proyecto crea además un régimen específico para proteger infraestructuras críticas, que incluye redes, instalaciones y sistemas cuya afectación pueda comprometer servicios esenciales, la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado.
El Gobierno también propone nuevas restricciones frente a la influencia extranjera en procesos electorales y decisiones políticas. El proyecto incorpora delitos vinculados con operaciones financiadas o dirigidas por Estados u organizaciones extranjeras destinadas a alterar procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación.
La iniciativa deberá ahora comenzar su recorrido parlamentario y será debatida por el Congreso. Su tratamiento se da en paralelo con la nueva estrategia oficial sobre Malvinas, que incluye medidas diplomáticas, económicas y jurídicas frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área bajo administración británica.
El proyecto representa así un cambio de alcance mayor al de una reforma específica sobre los recursos de las islas: propone concentrar bajo un mismo sistema las políticas de soberanía, defensa, inteligencia, seguridad económica, ciberseguridad, protección de infraestructura estratégica y respuesta ante amenazas externas.
