El Gobierno espera que en las próximas horas ingresen fondos provenientes de organismos internacionales para afrontar el próximo vencimiento de deuda con bonistas por unos US$4300 millones, previsto para esta semana. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que esos desembolsos se sumarán a los US$3900 millones que el Tesoro ya mantiene depositados en el Banco Central y aseguró que "habrá exceso de reservas" para cumplir con el compromiso.
Según indicó el funcionario durante la presentación del programa financiero para los próximos 18 meses, los recursos corresponden a las garantías acordadas con el Grupo Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con lo previsto, los fondos ingresarían entre este lunes y el miércoles, cuando se concretará el pago a los tenedores de deuda, ya que el 9 de julio es feriado nacional por el Día de la Independencia.
Durante la presentación del programa financiero, Caputo también volvió a destacar el plan de privatizaciones como una de las principales herramientas para fortalecer las reservas y afrontar los compromisos externos. En ese sentido, estimó que el Estado podría recaudar alrededor de US$1400 millones mediante la venta de empresas públicas durante los próximos 18 meses. Con esta estrategia, el Gobierno busca transmitir tranquilidad a los mercados y demostrar que contará con un "colchón financiero" suficiente para afrontar eventuales episodios de volatilidad cambiaria durante el proceso electoral de 2027.
El próximo vencimiento asciende a US$4385 millones por los bonos Bonares y Globales, de los cuales US$2691 millones corresponden a amortizaciones y US$1693 millones al pago de intereses.
Según informó Economía, buena parte de esos recursos fue obtenida a través de emisiones de deuda en dólares realizadas en el mercado local durante los últimos meses.
El Banco Mundial y el BID aprobaron garantías por un total de US$2550 millones, que servirán de respaldo para fortalecer las reservas antes del vencimiento de deuda.
Estas operaciones forman parte de la estrategia oficial para obtener financiamiento comercial a tasas inferiores a las del mercado, respaldado por organismos multilaterales. En ese marco, el presidente Javier Milei autorizó la posibilidad de acceder a préstamos por hasta US$5000 millones con bancos internacionales.
Días atrás, el Gobierno oficializó dos garantías por US$1750 millones mediante los decretos 549 y 550, publicados en el Boletín Oficial. Una de ellas corresponde al programa Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), mediante el cual el BID otorgó una garantía de US$550 millones para respaldar reformas destinadas a fortalecer la investigación criminal, la persecución penal y la recuperación de activos ilícitos. La segunda garantía fue concedida por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, por hasta US$1200 millones, en el marco del programa "Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina".
Según el Banco Mundial, esta operación permitirá reducir los costos de financiamiento del país y acompañará una agenda de reformas orientadas a promover inversiones, ampliar el comercio y generar empleo.
