La Casa Rosada avanza en un paquete de reformas que busca reducir la intervención del Estado en materia de propiedad privada y dar mayores garantías a inversores, con cambios que impactarán en expropiaciones, tierras rurales y uso del suelo.
El anuncio fue confirmado por el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló que los proyectos serán enviados al Congreso, aunque todavía se encuentran en etapa de definición. La iniciativa forma parte del esquema de desregulación que el Gobierno impulsa desde el inicio de la gestión.
Uno de los ejes centrales será endurecer las condiciones para expropiar. En el Ejecutivo buscan restringir la noción de “utilidad pública” y reforzar la exigencia de indemnización previa, con el objetivo de limitar la discrecionalidad estatal. “La idea es que expropiar sea realmente excepcional”, reconocen fuentes oficiales.
Otro punto clave apunta a modificar o eliminar la ley de tierras rurales, que actualmente establece límites a la compra de terrenos por parte de extranjeros. El oficialismo ya había intentado avanzar en ese sentido a través del DNU 70/2023 y ahora busca retomar la iniciativa por vía legislativa, con la intención de fomentar inversiones en sectores estratégicos como el agro, la energía y la minería.
El paquete también contempla cambios en el régimen de manejo del fuego, una normativa que hoy impone fuertes restricciones al uso del suelo en zonas afectadas por incendios. Actualmente, se prohíben modificaciones durante décadas, incluso cuando el fuego no haya sido intencional. El Gobierno evalúa flexibilizar esas limitaciones para reducir trabas productivas.
En paralelo, se analiza una revisión del sistema de urbanización de barrios populares vinculado al RENABAP. La legislación vigente permite expropiar tierras para regularizar asentamientos, suspende desalojos y establece mecanismos de financiamiento específicos.
La nueva propuesta apunta a reducir la capacidad expropiatoria del Estado, priorizar acuerdos voluntarios con propietarios y acotar la suspensión de desalojos. Además, se estudia incrementar la participación del sector privado en los procesos de urbanización y regularización dominial.
En el Gobierno sostienen que el objetivo es generar un marco más previsible para la inversión, con menor intervención estatal y reglas más claras en torno a la propiedad.
