El Gobierno enviará al Senado un nuevo proyecto de ley para combatir la ludopatía, con foco en la prohibición del acceso de menores a plataformas de apuestas online y el endurecimiento de las penas para operadores ilegales. Sin embargo, la iniciativa también habilita la publicidad de juegos de azar bajo determinadas condiciones, uno de los puntos que anticipa mayor polémica en el Congreso.
La propuesta del oficialismo se diferencia del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, que continúa vigente y establecía mayores restricciones sobre la difusión de apuestas online. En caso de avanzar con modificaciones, el Senado deberá devolver el texto a Diputados para su revisión. En este contexto, el proyecto será analizado por las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, encabezadas por los libertarios Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.
La iniciativa aprobada en Diputados había obtenido 139 votos afirmativos impulsados por el peronismo, Encuentro Federal, la izquierda, Innovación Federal, Democracia para Siempre e Independencia. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que el PRO, la UCR y el MID se abstuvieron.
Uno de los ejes centrales del nuevo texto oficialista es la prohibición del acceso y uso de juegos de azar online para menores de edad, además de la implementación de campañas de concientización sobre los efectos del juego patológico y la elaboración de estadísticas epidemiológicas para monitorear la problemática.
En relación con la publicidad, el proyecto establece que estará prohibida la promoción de plataformas de apuestas no autorizadas, aunque permitirá la difusión de operadores habilitados bajo ciertas condiciones. Entre las restricciones, se prohíbe utilizar contenidos dirigidos a menores o asociar las apuestas con el éxito personal, laboral o social. Tampoco podrán incluir mensajes que incentiven el consumo de alcohol o tabaco durante el juego. Además, los medios de comunicación y plataformas digitales deberán verificar que las publicidades correspondan a operadores autorizados por las autoridades competentes.
El proyecto también endurece las penas contra el juego ilegal. Quienes operen plataformas de apuestas online sin autorización podrán recibir penas de prisión de entre tres y seis años. Por otra parte, quienes faciliten el funcionamiento de estos sitios mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales podrían enfrentar condenas de entre dos y cuatro años de prisión si se comprueba que conocían la falta de habilitación correspondiente.
