El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a empleados de las jurisdicciones y organismos que integran la Administración Pública Nacional centralizada, con un esquema de indemnizaciones que contempla hasta 20 remuneraciones y pagos adicionales en determinados casos.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El período para solicitar la adhesión se extenderá del 1° al 30 de noviembre de 2026, aunque la autoridad de aplicación podrá disponer, por única vez, una prórroga de hasta 30 días corridos.
El régimen comprende al personal de planta permanente alcanzado por la Ley 25.164 y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado.
Además, las dependencias deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a quienes ingresen al programa una vez que se produzca el cese de la relación laboral.
Tres grupos y diferentes compensaciones
El decreto divide a los potenciales beneficiarios en tres grupos de acuerdo con su edad y situación previsional. El primero comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan los aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria.
Estos trabajadores podrán optar por cobrar mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual, durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos jubilatorios. Mientras reciban ese ingreso continuarán realizándose los aportes y contribuciones previsionales y de obra social correspondientes.
Como segunda alternativa podrán elegir una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. En este caso, el monto tampoco podrá superar la cantidad de meses que resten para alcanzar los requisitos jubilatorios.
El segundo grupo está integrado por mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes.
Para ellos se estableció una compensación de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, hasta un máximo de 18 remuneraciones, más una suma adicional equivalente a cinco salarios brutos.
Hasta 20 sueldos para los trabajadores más jóvenes
El tercer grupo comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años.
En estos casos, la gratificación será equivalente a un salario bruto por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones.
A esa cifra se agregará una compensación adicional: quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente cobrarán cuatro salarios brutos extra, mientras que los empleados con 15 años o más recibirán cinco remuneraciones adicionales.
Quiénes quedan excluidos
El decreto establece una serie de situaciones que impiden incorporarse al retiro voluntario. Entre ellas aparecen los empleados procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una absolución firme antes de que finalice el período de adhesión.
También quedan excluidos quienes tengan sumarios administrativos en trámite por hechos que puedan derivar en cesantía o exoneración, procedimientos disciplinarios pendientes bajo esas mismas condiciones o investigaciones por posibles perjuicios fiscales.
Tampoco podrán ingresar quienes mantengan determinados reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado vinculados con su relación laboral, excepto que desistan formalmente. El decreto contempla una excepción para las acciones relacionadas con la Ley de Riesgos del Trabajo.
La restricción alcanza además a quienes hayan iniciado el trámite jubilatorio, retiro por invalidez, prestación por edad avanzada u otra prestación previsional equivalente; a quienes ya cumplan los requisitos para jubilarse; a empleados cuya renuncia se encuentre pendiente de aceptación y a quienes estén o sean colocados en situación de disponibilidad mientras el régimen permanezca vigente.
La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será la autoridad encargada de implementar el programa y dictar las normas complementarias necesarias.
