El Gobierno nacional confirmó este martes que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y otorgará a las personas alcanzadas un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación y solicitar que se revise su situación.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicó, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones porque no contaría con antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para comprobar que sus titulares continúan cumpliendo los requisitos.
El funcionario hizo, sin embargo, una aclaración sobre el alcance de la decisión.
“Esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, señaló.
Qué deberán hacer los beneficiarios
Las 21.812 personas alcanzadas podrán solicitar la revisión de la suspensión y presentar documentación médica y socioeconómica, justificar por qué no asistieron a las auditorías o incorporar otros antecedentes que permitan acreditar que mantienen las condiciones para recibir la prestación.
El plazo establecido será de 30 días hábiles.
Los trámites podrán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que determine el organismo.
Qué irregularidades asegura haber encontrado el Gobierno
Durante el anuncio, Ravier informó que el Ejecutivo realizó un cruce de diferentes bases de datos oficiales y detectó casos que, según el Gobierno, requieren una revisión por la situación patrimonial de los beneficiarios.
Entre las pensiones suspendidas se identificaron 38 titulares que tendrían dos o más vehículos registrados a su nombre y otros 26 con dos o más inmuebles. Además, el Gobierno señaló que 40 personas figuran con al menos una propiedad de más de una hectárea. “Incluso se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión”, aseguró el vocero presidencial.
La existencia de esos bienes fue presentada por el Ejecutivo como un elemento a revisar dentro de la auditoría, aunque no constituye por sí sola la comprobación de un fraude.
Quiénes pueden acceder a estas pensiones
Ravier explicó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que, además de presentar una incapacidad para trabajar, carecen de los recursos económicos necesarios para su subsistencia.
Por ese motivo, el acceso a la prestación no está determinado únicamente por la existencia de una discapacidad o por contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). La evaluación contempla también requisitos socioeconómicos, que son parte de la documentación que el Gobierno busca verificar mediante las auditorías.
Durante los próximos 30 días hábiles, los beneficiarios alcanzados por la suspensión podrán aportar los antecedentes correspondientes para que cada situación sea nuevamente evaluada antes de que se adopte una resolución sobre la continuidad de la prestación.
