La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una nueva iniciativa de protección social para las personas con discapacidad, en una votación que reunió un amplio respaldo político. El proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y fue girado al Senado para continuar su tratamiento legislativo. El objetivo es establecer un régimen permanente que reemplace el esquema de emergencia vigente hasta fin de año.
La propuesta, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, fue consensuada entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas, luego de negociaciones que permitieron incorporar modificaciones al texto original. El acuerdo busca dar continuidad a las prestaciones y evitar que los derechos dependan de sucesivas prórrogas de una ley de emergencia.
Entre los puntos centrales, el proyecto mantiene la compatibilidad entre una pensión por discapacidad y un empleo formal o la inscripción al monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. También contempla la actualización de los aranceles de las prestaciones y la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios de pensiones no contributivas.
La iniciativa incorpora mecanismos de financiamiento y auditorías periódicas para controlar el funcionamiento del sistema. Además, establece medidas para atender las deudas con prestadores y fija plazos para avanzar con las compensaciones pendientes. Estos puntos formaron parte de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para alcanzar una mayoría amplia en el recinto.
Durante el debate, legisladores de distintos espacios coincidieron en la necesidad de dar previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y quienes brindan servicios. Sin embargo, también hubo cuestionamientos y pedidos de garantías para que los recursos comprometidos se traduzcan efectivamente en prestaciones y cobertura.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto pasó al Senado, donde deberá ser debatido para completar el trámite parlamentario. Hasta que exista una aprobación definitiva y se cumplan los pasos correspondientes para su entrada en vigencia, la iniciativa todavía no constituye una nueva ley
