La Corte cambió un escenario que parecía cerrado
Durante meses, el Gobierno nacional sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario era incompatible con su objetivo de mantener el equilibrio fiscal. El veto presidencial y la decisión de no aplicar la norma marcaron ese camino.
Pero el reciente fallo de la Corte Suprema modificó por completo el panorama. La resolución judicial obliga al Estado a respetar la medida cautelar vigente y llevó al oficialismo a comenzar a recalcular cómo afrontar un gasto que hasta hace poco descartaba.
Ahora el desafío pasa por encontrar los recursos
La principal discusión ya no gira en torno a si la ley debe cumplirse, sino de dónde saldrá el dinero.
Según trascendió desde la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo, trabaja en una reasignación de partidas para cumplir con la normativa sin alterar el objetivo de mantener el superávit fiscal.
Una fuente del oficialismo resumió la estrategia.
"Habrá reasignación de partidas pero siempre cuidando el superávit fiscal, eso no se toca", dijeron.
Una decisión que expuso diferencias dentro del Gobierno
El fallo también dejó al descubierto distintas miradas dentro del oficialismo.
Mientras algunos sectores confiaban en que la Corte respaldaría la postura del Gobierno, la resolución obligó a cambiar el rumbo y reabrir una discusión que parecía terminada. Ahora la prioridad pasó a ser encontrar una salida administrativa que permita cumplir con la decisión judicial.
Las universidades esperan que el fallo se traduzca en hechos
La ley había recibido el respaldo de rectores de universidades nacionales y también fue acompañada por negociaciones entre el Gobierno y representantes del sistema universitario.
Tras la resolución de la Corte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo: "Una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse, ni más ni menos que eso".
También consideró que la decisión del máximo tribunal "abre una esperanza de que podamos tener efectivamente la aplicación plena de la ley y con eso la resolución del conflicto".
El próximo paso será cumplir
La resolución judicial no solo modificó la estrategia del Gobierno. También abrió una nueva etapa en un conflicto que durante meses mantuvo en incertidumbre a las universidades públicas.
Ahora la atención está puesta en las decisiones que adopte el Ministerio de Economía. Si finalmente se concretan las reasignaciones presupuestarias que analiza la Casa Rosada, el fallo de la Corte podría convertirse en el punto de inflexión que permita comenzar a normalizar el financiamiento de las casas de estudio.
