La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar un planteo del Gobierno que buscaba frenar su aplicación mientras continúa el litigio por la validez de la norma.
La resolución representa un nuevo revés judicial para el Poder Ejecutivo, que desde el inicio del conflicto sostiene que la ley no puede ejecutarse porque no prevé una fuente específica de financiamiento y que su aplicación comprometería el equilibrio fiscal.
La causa se originó a partir de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas, que reclamaron el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley. Esos apartados disponen la actualización de los salarios docentes y no docentes, además de la recomposición de partidas destinadas a becas y otros programas universitarios.
Con esta decisión, la medida cautelar continúa vigente mientras el máximo tribunal analiza el fondo del expediente, es decir, si la Ley de Financiamiento Universitario debe aplicarse en forma definitiva o si corresponde hacer lugar a los cuestionamientos planteados por el Gobierno.
El conflicto judicial se mantiene abierto desde que el Ejecutivo intentó suspender la ejecución de la norma mediante un decreto, argumentando que el Congreso no había definido las partidas presupuestarias necesarias para afrontar el gasto adicional que implica su cumplimiento. Esa postura fue rechazada tanto en primera instancia como por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Mientras tanto, la disputa por el financiamiento universitario continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario nacional. En las últimas semanas hubo negociaciones para recomponer parcialmente salarios y partidas presupuestarias, aunque las autoridades universitarias sostienen que esos acuerdos no reemplazan el cumplimiento integral de la ley.
