El Gobierno analiza una reforma para ampliar el crédito hipotecario y decidió postergar los cambios vinculados al mercado de seguros. En la Casa Rosada aseguran que el paquete de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger todavía no llegó a la mesa política y que la estrategia será dividir el proyecto en varias iniciativas para facilitar su tratamiento en el Congreso.
En Balcarce 50 explican que el objetivo es evitar que una reforma demasiado amplia vuelva a trabarse por diferencias con bloques aliados. Por eso, el Ejecutivo priorizará una primera etapa enfocada en mercado de capitales, sector inmobiliario y garantías para créditos, mientras que otros capítulos, como el de seguros, quedarán para una instancia posterior.
La decisión responde al orden de prioridades fijado para el segundo semestre. En el oficialismo consideran que antes deben avanzar la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, proyectos que esperan tratar antes del debate por el Presupuesto 2027.
El texto elaborado por Sturzenegger contempla modificaciones en distintos sectores de la economía. Entre los borradores aparecen cambios sobre medicamentos, navegación fluvial, cabotaje, mercado inmobiliario, arrendamientos rurales, industria vitivinícola, mercado del libro, sistema financiero, garrafas y cooperativas, con el objetivo de reducir costos y eliminar restricciones para la actividad privada.
Uno de los ejes bajo análisis es incorporar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) como respaldo parcial de los créditos hipotecarios. La propuesta no busca reemplazar la garantía tradicional sobre el inmueble, sino ofrecer una cobertura adicional que permita reducir el riesgo para las entidades financieras y facilitar el acceso al financiamiento.
La idea es que las SGR absorban parte de una eventual pérdida, mejoren el perfil de riesgo de la cartera y generen condiciones para que los bancos otorguen una mayor cantidad de préstamos destinados a la compra de viviendas.
En el Gobierno proyectan además un esquema de largo plazo en el que los créditos hipotecarios puedan ser posteriormente cedidos a fideicomisos financieros o vehículos del mercado de capitales, permitiendo que los bancos recuperen liquidez y vuelvan a prestar, mientras los inversores adquieren títulos respaldados por el pago de esas hipotecas.
Ese mercado secundario ya cuenta con antecedentes regulatorios. La Comisión Nacional de Valores (CNV) creó un régimen especial para fideicomisos financieros hipotecarios y el Decreto 1017/2024 habilitó, en determinados casos, la securitización de hipotecas y su integración a fideicomisos financieros.
Ahora, la diferencia es que la Casa Rosada pretende incorporar el respaldo de las SGR como una herramienta adicional para fortalecer esas carteras crediticias y hacerlas más atractivas para el sistema financiero y el mercado de capitales.
El proyecto, sin embargo, todavía no tiene una redacción definitiva. El Ejecutivo deberá definir qué sociedades podrán participar, el porcentaje de cobertura permitido, los perfiles de los beneficiarios, el mecanismo de ejecución de las garantías y los requisitos que establecerán el Banco Central y la CNV para su implementación.
En el Gobierno también advierten que uno de los principales desafíos será evitar un descalce de moneda si se impulsan créditos en dólares para personas con ingresos en pesos, ya que una devaluación podría incrementar la mora y afectar tanto a bancos como a las sociedades garantes e inversores.
La reforma forma parte de una estrategia económica más amplia. En la Casa Rosada sostienen que la Ley de Inocencia Fiscal busca movilizar los llamados "dólares del colchón", mientras que el desarrollo del mercado de capitales y las nuevas garantías hipotecarias apuntan a canalizar esos recursos hacia el financiamiento de viviendas.
El capítulo inmobiliario también prevé modificaciones en el régimen de corredores y martilleros, con la intención de eliminar restricciones vinculadas a títulos, matrículas y jurisdicciones, bajo el argumento de que esas exigencias limitan la competencia y encarecen las operaciones.
