El Gobierno nacional interpuso un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de que se suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción judicial retoma el argumento central que ya había sido esgrimido en la apelación presentada ante la Cámara y en el decreto presidencial que promulgó la norma.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo sostiene que la legislación en cuestión carece de una definición clara sobre "qué partidas se deben modificar" para cumplir con lo establecido. Además, remarcan que la ley no detalla "las fuentes concretas de financiamiento" que permitan su implementación efectiva.
Una postura que se mantiene a lo largo de los años de gobierno
Esta postura se mantiene desde que el Gobierno vetó la ley en 2025, y se reiteró cuando el Congreso insistió en su sanción. En el decreto 647/2025, los equipos legales del oficialismo fundamentaron la suspensión de la ejecución de la norma invocando el artículo 5 de la ley 24.629. Este artículo establece que la ley queda en suspenso hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
El recurso presentado ante la Corte Suprema busca que se mantenga esta suspensión mientras no se aclaren los aspectos presupuestarios que, según el Ejecutivo, son indispensables para la validez y cumplimiento de la ley.
