El Gobierno continúa negociando la versión definitiva de la reforma del Código Penal y decidió postergar el envío al Congreso del proyecto de juicio por jurados, mientras intenta alcanzar un acuerdo interno sobre el alcance de los cambios.
La nueva propuesta fue elaborada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y enviada hace dos semanas al asesor presidencial Santiago Caputo. Posteriormente, el texto pasó a la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, que tiene a su cargo la revisión jurídica de los proyectos antes de su eventual tratamiento legislativo.
La principal discusión gira en torno al alcance de la reforma. El borrador original superaba las 900 páginas e incorporaba modificaciones tanto al Código Penal como a diversas leyes penales especiales. Desde el Ministerio de Justicia impulsan ahora una versión más acotada, con el argumento de que un proyecto demasiado amplio tendría mayores dificultades para avanzar en el Congreso.
En el entorno de Santiago Caputo consideran que la propuesta redujo significativamente el contenido inicial. Sin embargo, cerca de Mahiques rechazan esa interpretación y sostienen que el nuevo texto abarca más del 35% del Código Penal, por lo que niegan que se trate de una reforma mínima. Pese a las diferencias, ambas partes aseguran que trabajan para alcanzar una redacción consensuada.
Dentro de las alternativas que analiza la Casa Rosada aparece la posibilidad de avanzar con una reforma intermedia, que conserve buena parte del proyecto original sin llegar a una modificación integral del sistema penal.
El Ejecutivo busca mantener los capítulos que reúnen mayor consenso político, entre ellos el endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas. En cambio, ya descartó incluir cambios vinculados al aborto y tampoco prevé reabrir la discusión sobre la figura del femicidio.
Mientras tanto, el Gobierno resolvió demorar el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba listo para ser enviado desde Legal y Técnica. La decisión responde al criterio de que primero debe avanzarse en un nuevo Código Procesal antes de implementar ese sistema.
La definición modifica la hoja de ruta legislativa prevista para el segundo semestre, ya que el juicio por jurados era una de las iniciativas que el oficialismo evaluaba enviar al Congreso en los próximos meses.
La próxima reunión de la mesa política, prevista para la semana próxima y encabezada por Karina Milei, será clave para definir el orden de las iniciativas que el Ejecutivo impulsará en el Congreso tras la reorganización del Gabinete encabezada por Diego Santilli.
En ese encuentro también se analizarán otros proyectos considerados prioritarios, como la reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, propiedad privada y el paquete de reformas judiciales.
En el Gobierno sostienen que la reforma del Código Penal será enviada al Congreso antes de fin de año, aunque reconocen que el principal desafío será conseguir el respaldo legislativo necesario para su aprobación. La intención oficial es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, donde el presidente del cuerpo, Martín Menem, encabezará las negociaciones políticas.
