Mientras aguarda la presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción, el Gobierno nacional puso en marcha una estrategia política y comunicacional destinada a respaldar al funcionario y contener el impacto de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. En la Casa Rosada aseguran que la defensa pública del funcionario se apoyará en dos ejes: sostener que no existió ninguna conducta ilícita y cuestionar las publicaciones periodísticas que difundieron información vinculada a su patrimonio, gastos personales y adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
La estrategia comenzó a desplegarse tanto desde sectores del gabinete como desde espacios vinculados a la comunicación digital del oficialismo. En el entorno presidencial consideran que la presentación ante la Oficina Anticorrupción permitirá respaldar la posición oficial con documentación formal y desplazar el debate hacia los datos patrimoniales declarados. Al mismo tiempo, en distintos despachos del Ejecutivo observan con atención el impacto que podría tener el inicio del Mundial de Clubes sobre la agenda pública. Dentro del oficialismo existe la expectativa de que el torneo contribuya a reducir la atención mediática sobre la situación judicial del funcionario y permita recuperar protagonismo para otros temas vinculados a la gestión.
La intención oficial no pasa únicamente por reducir el nivel de exposición de la causa. También buscan que Adorni vuelva a ocupar un rol más activo en la agenda política después de varias semanas marcadas por la controversia judicial. En ese marco, el funcionario participará junto a Karina Milei de una nueva reunión de la mesa política del oficialismo, donde se analizarán estrategias legislativas y el avance de distintas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Desde sectores cercanos a Javier Milei sostienen que el mandatario mantiene su respaldo al jefe de Gabinete y consideran que la situación está encauzada desde el punto de vista político. En el Gobierno incluso esperaban que el Presidente volviera a expresarse públicamente en defensa del funcionario, siguiendo una línea similar a la utilizada anteriormente con otros dirigentes oficialistas cuestionados judicialmente.
Respecto de la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, fuentes cercanas a Adorni remarcan que tanto él como su esposa se incorporaron a una modalidad administrativa que permite acceder a declaraciones precargadas para revisar y liquidar el impuesto correspondiente. Según esa interpretación, el mecanismo no implica por sí mismo un blanqueo ni la exteriorización de bienes no declarados. Sin embargo, la causa judicial continúa su curso. El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan distintos aspectos vinculados a la evolución patrimonial, movimientos financieros, propiedades y gastos del grupo familiar.
En paralelo, el oficialismo busca retomar la agenda legislativa. La reunión de la mesa política también servirá para analizar el estado de distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo, entre ellos iniciativas vinculadas a inversiones, desregulación económica y reformas institucionales. Mientras tanto, varios funcionarios optan por mantener distancia pública respecto de la investigación y limitan sus declaraciones a cuestiones de gestión. No obstante, dentro del Gobierno coinciden en que la presentación de la declaración jurada era un paso necesario para ofrecer una respuesta institucional frente a los cuestionamientos. La apuesta oficial es que la documentación presentada permita fortalecer la defensa política de Adorni mientras la Justicia continúa con el análisis de la causa.
