La Justicia federal puso la lupa sobre el manejo de fondos dentro de una de las empresas más sensibles del Estado. El fiscal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Ernesto Reidel, y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas.
El autor de la frase que recorrió las redes sociales diciendo que "el único problema de Argentina es que está poblada de argentinos", enfrenta una causa que se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y alcanza también a integrantes del directorio y de la sindicatura de la compañía.
El reporte que encendió las alarmas
El expediente comenzó a moverse después de que apareciera un documento interno con movimientos de una tarjeta corporativa identificada como “Cuenta N° 338402”.
Ese reporte incluía operaciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con consumos en pesos y dólares. Reidel renunció a su cargo a principios de febrero.
Según el dictamen fiscal, parte de esos gastos “aparecerían ajenos al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
Lo que la investigación busca determinar
La fiscalía intenta establecer si existieron delitos vinculados a administración fraudulenta, peculado, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes.
Uno de los puntos que más preocupa en la investigación es que la documentación incorporada no identificaba quién usó cada tarjeta ni quién autorizó las operaciones.
Tampoco había, según remarcó González, una rendición clara sobre el destino institucional de los gastos observados.
Gastos bajo sospecha
El fiscal advirtió que, incluso si parte de los consumos se hubieran realizado durante viajes oficiales, algunos movimientos podrían resultar incompatibles con las normas vigentes sobre viáticos y uso de fondos públicos.
En otras palabras: la investigación intenta determinar si se utilizaron recursos estatales para gastos que no correspondían.
La lupa también sobre los controles
La imputación no quedó limitada al ex titular de la empresa. González también apuntó contra miembros del directorio y de la sindicatura por una presunta falta de control sobre el uso de las tarjetas corporativas.
La sospecha es que los mecanismos internos de vigilancia no funcionaron o directamente no actuaron frente a operaciones que ahora quedaron bajo análisis judicial.
Las primeras medidas
Como parte de las medidas iniciales, la fiscalía pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó información bancaria detallada de cada operación.
La Justicia también busca identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta investigada, además de reconstruir quién realizó cada consumo y en qué contexto.
El caso recién empieza, pero ya dejó una imagen difícil de explicar: consumos realizados con dinero estatal, registros incompletos y una empresa estratégica envuelta en una investigación por presunto uso irregular de fondos públicos.
