El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas económicas que el Gobierno buscaba aprobar en el Congreso, después de una negociación de último momento con bloques aliados. La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y distintas fuerzas provinciales.
El acuerdo se terminó de construir alrededor de la sesión de este jueves. Para conseguir el acompañamiento necesario, el oficialismo aceptó incorporar al temario el proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles, una de las condiciones planteadas por sectores dialoguistas. A cambio, La Libertad Avanza consiguió avanzar con Inocencia Fiscal II, mientras que el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó postergado por diferencias con los aliados.
La iniciativa busca modificar el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y, según el planteo del Gobierno, facilitar que los ahorros que permanecen fuera del sistema formal puedan ser utilizados e incorporados al circuito financiero. Desde el Ejecutivo se estima que existen alrededor de US$170.000 millones fuera del sistema bancario, aunque se trata de una estimación mencionada durante el debate y no de un registro oficial de fondos no declarados.
Uno de los cambios centrales consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias. La normativa anterior establecía un tope de $1.000 millones de ingresos anuales y de $10.000 millones de patrimonio para ingresar al esquema. La nueva ley elimina esas restricciones.
La reforma también modifica el criterio utilizado para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado por un contribuyente y la información que surge de los controles fiscales. El nuevo esquema establece un umbral del 15% para determinar esa diferencia y, al mismo tiempo, limita las facultades de investigación de ARCA sobre determinados incrementos patrimoniales dentro del régimen simplificado.
Durante la negociación parlamentaria se incorporó además una restricción específica para los funcionarios públicos y otras autoridades estatales. Quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos de responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen quedan excluidos de los beneficios y presunciones establecidos por la norma. La limitación alcanza a autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a integrantes de organismos de control, entre otros.
La exclusión de los funcionarios fue uno de los cambios incorporados durante el tratamiento en Diputados y posteriormente mantenidos por el Senado. Patricia Bullrich destacó esa modificación durante el debate en la Cámara alta, mientras que desde el peronismo se plantearon cuestionamientos sobre el alcance de los controles y se reclamó ampliar las restricciones a familiares de funcionarios.
El oficialismo presentó la reforma como una herramienta para reducir la presión fiscal sobre quienes tienen ahorros no incorporados al circuito formal y facilitar su utilización. En julio, cuando el Gobierno anunció el proyecto, Luis Caputo había explicado que el objetivo era que esos ahorros pudieran formalizarse dentro del sistema bancario sin penalidades y que la nueva iniciativa incorporaba cambios a partir de observaciones realizadas por especialistas tributarios.
La aprobación representa además un resultado de la negociación del oficialismo con sus aliados en el Senado. La sesión había comenzado con quórum estricto de 37 senadores, aportado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, y durante la jornada el oficialismo debió aceptar cambios en el orden de prioridades legislativas para sostener el acuerdo que permitió avanzar con la ley.
Con la sanción de Inocencia Fiscal II, el Gobierno consiguió convertir en ley un régimen que apunta a simplificar determinados controles tributarios y promover la formalización de ahorros, mientras que el debate sobre el alcance de esas modificaciones continuará atravesado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto del control de los patrimonios y la fiscalización de los contribuyentes.
