El gobierno de Javier Milei presentó un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca introducir cambios estructurales en el sistema político, desde la eliminación de las PASO hasta nuevas reglas para partidos y candidatos.
Uno de los puntos más relevantes es el fin de las elecciones primarias, que el oficialismo considera una “encuesta costosa”. Según estimaciones oficiales, su eliminación implicaría un ahorro cercano a 200 millones de dólares para el Estado.
La iniciativa también apunta a endurecer las condiciones para la existencia de partidos políticos, en lo que desde la Casa Rosada denominan una “depuración de sellos sin representación real”. Se exigirán más afiliados y mejores resultados electorales para conservar la personería.
Entre las modificaciones, se propone implementar un sistema de afiliación biométrica y elevar los requisitos de presencia territorial: los partidos deberán tener actividad en al menos diez provincias para ser reconocidos a nivel nacional.
El proyecto incorpora además el criterio de Ficha Limpia, que impediría competir en elecciones a quienes tengan condenas por corrupción en segunda instancia, extendiendo la restricción también a cargos del Poder Ejecutivo. En paralelo, se plantean cambios en el financiamiento político, con una menor intervención del Estado y nuevas reglas para los aportes privados.
La reforma también contempla la eliminación de la elección directa al Parlasur y la posibilidad de que los debates presidenciales dejen de ser obligatorios, modificando aspectos centrales de la dinámica electoral.
El proyecto deberá ahora atravesar el debate en el Congreso, en un escenario complejo donde el oficialismo aún no tiene los votos asegurados y enfrenta resistencias de sectores opositores y gobernadores.
