La Justicia federal avanza en la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y evalúa citarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y posibles irregularidades vinculadas a contratos de la TV Pública.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes aguardan el resultado de nuevas medidas de prueba para definir si avanzan con una convocatoria formal al funcionario nacional.
La investigación se centra en la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, titular de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos de coproducción con la TV Pública. Los investigadores buscan determinar si existieron beneficios indebidos, transferencias irregulares o posibles negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre los puntos bajo análisis también aparecen movimientos patrimoniales y gastos que, según fuentes judiciales, no serían compatibles con los ingresos declarados por el funcionario. En el expediente se investiga la compra de una vivienda, remodelaciones millonarias y consumos que despertaron sospechas sobre la evolución de su patrimonio.
Además, la Justicia analiza un viaje realizado por Adorni y su familia a Punta del Este durante un fin de semana largo. Aunque el jefe de Gabinete aseguró públicamente que los gastos fueron afrontados con dinero propio, los investigadores intentan establecer si el vuelo privado habría sido financiado por Grandio.
Otro de los ejes de la causa apunta al presunto uso de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial sostiene que, si se comprueba que los agentes realizaban tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado.
En Comodoro Py consideran que una eventual indagatoria implicaría que el juzgado ya reunió elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos, aunque esa instancia no implica culpabilidad ni un procesamiento automático.
