El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno nacional había intentado frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la normativa aprobada por el Congreso.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). En consecuencia, quedó sin efecto el Decreto 759/2025, que condicionaba la ejecución de los fondos previstos para las universidades públicas.
Qué dispuso el fallo del juez Martín Cormick sobre el Financiamiento Universitario
En el fallo, el magistrado dispuso que el Ejecutivo avance con el “cumplimiento inmediato” de la ley mediante el dictado de las normas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar su aplicación.
La disputa se originó luego de que el Gobierno intentara impedir la puesta en marcha de la norma. Primero recurrió al veto presidencial, pero el Congreso rechazó esa decisión y ratificó la ley con las mayorías requeridas. Posteriormente, el Ejecutivo emitió un decreto que supeditaba el financiamiento universitario a la identificación de fuentes específicas de recursos y a la inclusión de partidas en el presupuesto nacional.
Qué cambia para las universidades, docentes y estudiantes
El amparo impulsado por las universidades buscó garantizar el cumplimiento de aspectos centrales de la ley, entre ellos la asignación de fondos para el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes.
Para miles de estudiantes de todo el país, la resolución judicial puede tener impacto directo en la continuidad de actividades académicas, programas de investigación, extensión universitaria y servicios que dependen de los recursos nacionales.
En su análisis, Cormick sostuvo que el decreto cuestionado no superaba un “test mínimo de razonabilidad”, ya que permitía suspender una ley ratificada por el Congreso mediante un mecanismo que, según su interpretación, no está previsto por la Constitución Nacional.
El juez también afirmó que, ante la imposibilidad de aplicar un nuevo veto presidencial, el decreto terminó funcionando como una herramienta “extraconstitucional”, equivalente a una instancia de veto no contemplada por el sistema institucional argentino.
El debate por el costo fiscal
Otro de los puntos abordados en la sentencia fue el impacto presupuestario de la norma. El magistrado puso en duda los argumentos oficiales sobre el costo fiscal de la ley y recordó que durante 2024 y 2025 el país funcionó sin una nueva Ley de Presupuesto, utilizando partidas prorrogadas del ejercicio 2023.
Además, citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según las cuales el costo de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario representaría alrededor del 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI) nominal proyectado para 2025.
La resolución abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, un conflicto que durante los últimos años derivó en movilizaciones masivas, reclamos salariales y debates sobre el rol del Estado en la educación superior.
