El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe técnico que señala inconsistencias en la evolución patrimonial de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, y su esposa Bettina Angeletti. El documento fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El análisis abarcó el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad, incluyendo declaraciones juradas, movimientos bancarios, inversiones, bienes, gastos y operaciones con criptomonedas. La fiscalía ahora estudia si corresponde avanzar con un pedido formal de justificación patrimonial.
Según fuentes vinculadas al expediente, Adorni podría ser citado a declarar en las próximas semanas, posiblemente durante agosto, para brindar explicaciones sobre los movimientos económicos observados. La citación no implica una condena ni una imputación definitiva, sino una instancia para aclarar el origen de los fondos cuestionados.
El informe que puso bajo análisis el patrimonio de Adorni
El documento recibido por Gerardo Pollicita fue realizado por especialistas de la DAFI, un organismo judicial especializado en investigaciones económicas complejas.
El objetivo del análisis fue reconstruir la evolución patrimonial de Manuel Adorni y Bettina Angeletti desde el inicio de la gestión de Javier Milei, cuando Adorni asumió como funcionario nacional en diciembre de 2023.
Los investigadores revisaron:
- declaraciones juradas patrimoniales;
- bienes registrados;
- ingresos y egresos;
- movimientos bancarios;
- inversiones;
- operaciones con activos digitales.
El informe técnico no difundió cifras concretas ni determinó responsabilidades penales, pero sí dejó asentadas diferencias o inconsistencias que ahora serán evaluadas por la fiscalía.
Qué investigó la fiscalía sobre los movimientos económicos
La investigación busca establecer si existe una diferencia entre la evolución patrimonial declarada y los movimientos económicos registrados.
Para eso, la DAFI realizó una revisión detallada de:
- adquisiciones de bienes;
- gastos habituales y extraordinarios;
- pagos en efectivo o moneda extranjera;
- cancelación de deudas;
- transferencias entre cuentas propias y familiares.
También se analizaron operaciones vinculadas con criptomonedas, incluyendo depósitos, retiros, compras, ventas, conversiones y movimientos entre billeteras virtuales.
El objetivo fue separar las operaciones internas del grupo familiar de aquellos fondos provenientes de terceros o de actividades externas.
La posible citación a declarar y los próximos pasos judiciales
Tras recibir el informe, la fiscalía trabaja en la elaboración de un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
Ese mecanismo permitiría que Manuel Adorni explique judicialmente el origen de los fondos observados y presente documentación respaldatoria.
Hasta ahora, su defensa, encabezada por Matías Ledesma, participó del expediente acompañando las distintas instancias procesales, aunque sin una intervención activa sobre los movimientos investigados.
Si la explicación presentada fuera considerada insuficiente por los investigadores, el expediente podría avanzar hacia nuevas medidas.
¿Qué puede ocurrir si la fiscalía considera insuficientes las explicaciones?
En una causa por presunto enriquecimiento ilícito, una inconsistencia patrimonial no implica automáticamente un delito probado.
La Justicia debe determinar si existe una diferencia injustificada entre los ingresos declarados y el crecimiento patrimonial.
En caso de que la fiscalía considere que existen elementos suficientes, podría solicitar nuevas medidas y eventualmente una declaración indagatoria.
Sin embargo, la decisión final sobre una eventual convocatoria de ese tipo corresponde al juez de la causa, Ariel Lijo.
