La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, aprobada por el Congreso el año pasado.
El fallo rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y remarcó que la norma cuenta con amplio respaldo legislativo, tras haber sido sancionada por mayoría en ambas cámaras. Los jueces también desestimaron los argumentos oficiales para no implementarla y los calificaron como “poco serios”, en una resolución de fuerte impacto político.
Además, la decisión judicial exige la recomposición salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, cuando se sancionó la ley. El fallo también obliga a avanzar con la actualización de becas y sostiene que la suspensión de la norma por decreto resulta “ilegítima”.
La medida se da tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, en medio de reclamos por el financiamiento del sistema universitario. El conflicto se profundizó luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectaron el funcionamiento de numerosas instituciones en todo el país.
